El cuerpo en el rancho de Moloacán es de la periodista? Esto dice la Fiscalía
Son las 6 de la mañana del martes 2 de junio cuando la rutina de una familia en la calle Balderas, colonia primero de mayo, municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Sur de Veracruz se interrumpe de forma irreversible.
Roxana Berenice Guzmán Ramírez, 38 años, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, se encuentra dentro de su domicilio cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpe por la fuerza.
El hecho queda registrado en video por integrantes de la familia.
Las imágenes difundidas horas más tarde en redes sociales muestran a sujetos con armas largas derribando una puerta a golpes de mao, ingresando al inmueble y sometiendo a quienes se encuentran dentro.
La grabación que circuló de manera viral antes de cualquier pronunciamiento oficial se convirtió en la primera y hasta ahora principal pieza de evidencia documental del caso.
A las 12 hor18 minutos de ese mismo martes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó los hechos a través de un comunicado emitido por la Fiscalía Regional Cuatzacoalcos.
La dependencia informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad en contra de una víctima identificada únicamente con las iniciales RGR, conforme al protocolo de protección de datos personales.
La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, declaró que la localización de la comunicadora constituía una prioridad para la institución.
Ese mismo día, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, conocida por sus siglas como CAPP, envió una comisión especial al municipio para brindar acompañamiento a la familia.
Antes de continuar con la secuencia de los hechos, conviene fijar quién era la persona privada de su libertad esa mañana, porque su biografía no es un dato accesorio, es la primera pieza del rompecabezas.
Roxana Guzmán dirigía un medio digital nativo de Facebook sin estructura corporativa, sin oficinas y sin equipo de seguridad, que en pocos meses logró acumular más de 20,000 seguidores en un municipio cuya población total no alcanza las 30.
000 personas.
Codirigía el portal junto con el periodista Julio César González.
Su agenda informativa cubría, según los propios registros del medio y las notas publicadas por reporteros que dieron seguimiento al caso, asuntos de servicio comunitario, denuncias ciudadanas por la venta de huevo en mal estado, reclamos de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial, fallas en servicios públicos y de manera manera recurrente hechos de
inseguridad en la región.
Una de sus últimas coberturas, según reportes periodísticos, llevaba un título que hoy se lee con un peso distinto, una crítica al desempeño de la policía local.
Su historia personal está marcada por un episodio de violencia previo que las autoridades de la época no vincularon formalmente con su labor periodística.
El 11 de marzo de 2017, su entonces pareja Carlos Fernández Escalante fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet, también en Nanchital, a escasos metros de donde ella se encontraba.
Medios locales documentaron que años antes, en abril de 2012, Fernández Escalante había sido detenido por elementos del ejército mexicano en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de droga y que en diciembre de 2015, tras recuperar su libertad, sobrevivió a un atentado en el que recibió al menos tres
impactos de bala.
Las investigaciones ministeriales de aquel momento no establecieron una conexión jurídica entre ese homicidio y la actividad informativa de Guzmán Ramírez.
Lo que sí documentó la organización Comunicación e Información de la Mujer, conocida como CMAC es que el asesinato de su pareja obligó a Roxana a abandonar el estado de Veracruz por motivos de seguridad.
Permaneció fuera de la entidad varios años.
Regresó para fundar Pulso Informativo del Sureste.
El único antecedente oficial de contacto con los mecanismos estatales de protección a periodistas, según reportes coincidentes de Infobae y otros medios, ocurrió en 2019 cuando solicitó la intervención de la CAPP por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal.
No existen denuncias recientes registradas ante esa comisión.
Compañeros del medio declararon a la prensa que la comunicadora nunca les manifestó haber recibido amenazas en los días previos al ataque.
Regresemos a la mañana del 2 de junio.
El video difundido por la familia, examinado por peritos y citado por múltiples medios, muestra que los agresores no llegaron con intención de pasar inadvertidos, llegaron con armas largas.
el rostro cubierto y emplearon una herramienta de percusión pesada para derribar la puerta principal del domicilio.
La grabación termina entre gritos y el caos de cristales rotos en el piso de la vivienda.
Roxana Guzmán fue sustraída de su domicilio frente a integrantes de su familia y trasladada en un vehículo cuya placa, según imágenes obtenidas por el periodista Fluvio César Martínez y citadas por Milenio, correspondía a un Nissan versa de color blanco.
Hasta el cierre de esa primera jornada, los captores no habían formulado ninguna exigencia de rescate.
La segunda pieza del rompecabezas llegó en forma de respuesta institucional y conviene observarla con la misma frialdad con que se examina la primera.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, pidió en los días siguientes prudencia en la difusión de información y subrayó que se trataba de una persona desaparecida, cuya integridad podía verse comprometida por la especulación.
La presidenta de la República, Claudia Shainbound, abordó el caso públicamente y reconoció que el gobierno federal desconocía hasta ese momento la causa del secuestro, señalando que solo el avance de las investigaciones permitiría establecerla.
La madre de la periodista Rubicelia Ramírez se acercó a la mandataria federal durante un evento público y entre la multitud le pidió la localización con vida de su hija.
Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija.
Es lo único que yo les pido, por favor.
Declaró ante medios locales conforme a la transcripción publicada por el Universal.
Organismos de derechos humanos y de protección a la prensa no tardaron en intervenir.
Artículo 19.
México y Centroamérica documentó el caso y exigió a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno estatal y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas, la implementación de acciones inmediatas, solicitando que la labor periodística
de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación bajo el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Simac activó la alerta mujeres periodistas y exigió la intervención de la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión conocida como feadle, así como del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El secuestro ocurrió en un país que Reportero sin Fronteras ubicó en 2025 como la segunda nación más letal para el ejercicio del periodismo en el mundo, únicamente por detrás de Palestina.
Y Veracruz es señalado de manera consistente por organizaciones civiles como el Estado, con el mayor número de comunicadores asesinados en la historia reciente del país.
La tercera pieza llegó el 6 de junio, 4 días después del secuestro, cuando un cateo en una vivienda del fraccionamiento residencial sección 11 en Nanchital, terminó con la detención de cuatro hombres.
Entre ellos figuraban dos trabajadores de petróleos mexicanos identificados como César Alejandro, ayudante especialista en el área eléctrica del complejo petroquímico Cangrejera y Andrés, ingeniero en la terminal marítima de Pajaritos.
un empleado del colegio de bachilleres del estado de Veracriz, identificado como Luis Arturo, y un cuarto hombre descrito como abogado.
La fiscalía presentó como datos de prueba el análisis de videograba testimonios y geolocalización de dispositivos móviles y sostuvo que al menos dos de los detenidos tenían relación directa con el vehículo identificado en las imágenes del secuestro.
El 8 de junio, los cuatro fueron presentados ante el juez de control Daniel García en el Centro Integral de Justicia de Coatzacualcos en una audiencia que se extendió por más de 6 horas.
El resultado fue un revés para la narrativa institucional.
El juez determinó que la fiscalía no logró sustentar elementos suficientes para vincular a proceso a tres de los imputados, identificados como Alejandro, Luis Arturo y Andrés, señalados por los cargos de ataque a instalaciones públicas y narcomenudeo, delitos que, cabe notarlo, no
corresponden directamente al tipo penal de privación ilegal de la libertad.
Los tres recuperaron su libertad cerca de la medianoche del lunes 9 de junio.
Sus familiares calificaron el operativo de irregular y denunciaron que se efectuó sin que se les mostrara una orden judicial.
La fiscalía, por su parte, evitó pronunciarse sobre las liberaciones ante la insistencia de los medios.
Este episodio merece subrayarse no porque exculpe o incrimine a nadie, sino porque expone la primera fractura visible entre la presión social por mostrar resultados y la solidez probatoria exigida por un juez.
La narrativa inicial de las autoridades construida sobre la geolocalización de un vehículo no resistió el escrutinio judicial en tres de cuatro casos.
El caso quedaba a una semana de los hechos sin un avance público que sobreviviera la prueba de una audiencia.
La cuarta pieza es de naturaleza jurisdiccional.
El 12 de junio, 10 días después del secuestro, la fiscal Jiménez Aguirre confirmó en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República había ejercido su facultad de atracción sobre el caso.
La notificación
formal de esa atracción había sido recibida por la Fiscalía Veracruzana el 10 de junio.
El expediente fue transferido a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión con sede en la Ciudad de México bajo el protocolo homologado correspondiente.
La fiscal estatal precisó que desde el día de los hechos su institución había realizado entrevistas, dictámenes periciales y labores de búsqueda y que se mantenía respetuosa de la Facultad de Atracción Federal.
Señaló
también que existían al menos dos líneas de investigación activas sin que ninguna hubiera sido descartada y pidió evaluar el caso en su contexto social y familiar.
antes de adelantar conclusiones.
En ese mismo periodo, la madre de la periodista declaró que se había enterado de avances en el caso, incluyendo detenciones y posteriores liberaciones, únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas, y no por comunicación directa de las autoridades.
Durante casi dos semanas después de la atracción federal, el expediente permaneció en un hermetismo casi total.
No hubo detenciones públicas, no hubo identificación de sospechosos, no hubo exigencias de rescate por parte de los captores.
La investigación, según los reportes disponibles, se concentró en el análisis técnico del material videográfico del ataque y de cámaras de seguridad urbana, así como en trabajos de inteligencia naval coordinados entre la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional Antisecuestro
y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
La quinta pieza y la más decisiva hasta la fecha se produjo la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de junio, es decir, 23 y 24 días después del secuestro.
Un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz culminó con la detención en el municipio de Cuatzacualcos de José del Carmen Cadena Escayola.
identificado en los comunicados oficiales como José del Carmen N y conocido por el alias de Delta 7.
Las autoridades lo señalan como integrante del denominado Grupo Sombra, una estructura criminal que, según fuentes ministeriales citadas por la silla rota y otros medios, opera en el sur de Veracruz.
Su identificación, de acuerdo con fuentes consultadas por Telediario y la silla rota, se logró a partir de dos elementos técnicos.
el análisis fisonómico de fotogramas del video del secuestro en los que quedó expuesto parcialmente el rostro de uno de los agresores y el reconocimiento de tatuajes específicos visibles en su mano derecha que coincidían con los observados en la grabación familiar.
Al momento de su detención, según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le aceptovo un arma de fuego, una motocicleta y dosis de droga.
La detención se registró conforme a la ficha técnica publicada en el Registro Nacional de Detenciones a las 18 horas con 26 minutos en el municipio de Xuatlán del Sureste.
La detención de Delta 7 no fue un hecho aislado.
El mismo viernes 26 de junio, en un operativo descrito por las autoridades como derivado de la misma línea de investigación, fue detenida una mujer identificada como Karen N.
cuyo grado de participación en los hechos permanece bajo reserva del sumario.
Y en un tercer operativo simultáneo, efectivos federales y estatales irrumpieron en las instalaciones de la policía municipal de Xuatlán del sureste durante el pase de lista matutino, deteniendo al comandante en turno, identificado como Ismael N, junto con tres elementos activos de la corporación identificados como Juan Carlos N, Luis Enrique N y Julio César N.
El Ayuntamiento de Iuatlán del Sureste emitió un comunicado en el que reconoció las detenciones, pero precisó que no había recibido información oficial sobre los motivos de las mismas.
El alcalde Raúl González Martínez instruyó brindar acompañamiento legal a los familiares de los policías detenidos.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han precisado públicamente los cargos formales contra los cuatro elementos policiales, ni el grado exacto de su presunta vinculación con el secuestro.
La sexta pieza y la que ha generado la mayor controversia comunicativa del caso, ocurrió en las horas inmediatamente posteriores a la detención de Delta 7.
Según información difundida por la Secretaría de Marina y retomada por Latinus, el detenido habría señalado tras su captura el sitio donde presuntamente fue privada de la vida la comunicadora.
La dependencia naval emitió un comunicado en el que se refirió al hecho como un asesinato confirmado.
Esa misma noche, múltiples medios de comunicación nacionales retomaron la información y publicaron que Roxana Guzmán había sido localizada sin vida.
Las autoridades, siguiendo esa pista desplegaron un contingente de fuerzas federales y peritos hacia un predio rural en el ejido Emiliano Zapata, en los límites entre los municipios de Iatlán del Sureste y Moloacán, a una distancia de entre 20 y 24 km
del domicilio donde ocurrió el secuestro.
En ese predio autoridades aseguraron la zona y localizaron restos humanos conforme a lo confirmado por la Fiscalía de Veracruz a medios como Azteca Veracruz.
Aquí es donde la pieza central del rompecabezas se resiste a encajar y donde la prudencia exige distinguir entre lo que las autoridades han declarado de manera extraoficial y lo que han confirmado de manera oficial.
Pese a la difusión generalizada de la noticia del hallazgo del cuerpo, ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz han emitido, hasta el momento un comunicado formal que confirme que los restos humanos localizados en el ejido Emiliano Zapata, correspondan a Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la familia de la periodista a través de un comunicado firmado por su madre Ramírez Posada fue explícita al respecto.
Pedimos de manera muy atenta y respetuosa a reporteros y medios de comunicación [carraspeo] que sean responsables a la hora de informar para que no nos afecten como familia, recordando que Roxana tiene una madre, padre, hermanos e hijos.
Seguimos con la firme esperanza de que sea localizada.
La familia precisó que las únicas notificaciones recibidas de manera oficial por parte de las autoridades correspondían a las detenciones de los seis señalados y no a la identificación del cuerpo.
La madre de la periodista declaró posteriormente a medios locales que esperaría la confirmación oficial de las autoridades antes de proceder a cualquier reconocimiento.
Los restos localizados en el rancho de Moloacán se encuentran conforme a múltiples fuentes consultadas bajo resguardo de personal naval y bajo cadena de custodia, a la espera de los resultados de los estudios periciales de antropología forense y de confronta de perfiles genéticos, es decir, pruebas de ácido desoxirribonucleico, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra a la libertad de expresión mantiene abierta la investigación tanto para esclarecer la identidad de los restos como para
determinar el grado de participación de cada uno de los seis detenidos y, en su caso, identificar a otros posibles responsables que aún no han sido aprendidos.
Conforme al estado procesal documentado hasta el sábado 27 de junio, la madre de la periodista fue trasladada por elementos de seguridad a instalaciones de la fiscalía en Cuatzacoalcos para continuar colaborando con las diligencias sin que hasta ese momento se le hubiera notificado oficialmente si los restos
correspondían a su hija.
Conviene en este punto hacer explícito lo que distingue una confirmación oficial de una versión extraoficial, porque ese matiz es el corazón de la controversia que rodea las últimas horas del caso.
Una versión extraoficial atribuida a una dependencia de seguridad y retomada sin verificación adicional por canales noticiosos no equivale a una identificación forense.
La diferencia no es semántica.
En un país donde, según cifras documentadas por organizaciones de derechos humanos existen más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, las familias han aprendido a un costo emocional altísimo que el testimonio de un detenido o el hallazgo de restos en un predio señalado por ese detenido no sustituye el dictamen de un laboratorio genético.
Mientras ese dictamen no se haga público, el estatus legal de Roxana Guzmán Ramírez sigue siendo estrictamente el de una persona desaparecida.
Hay una capa adicional de la historia que merece consignarse con el mismo rigor con que se ha tratado el resto del expediente, precisamente porque circula con fuerza en medios locales sin respaldo institucional verificable.
Un reportaje publicado por un medio regional del sur de Veracruz atribuido al cronista Ignacio Carvajal sostiene que el grupo Sombra surgió como una excisión del cártel del Golfo en la frontera entre el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas y vincula al grupo con el asesinato ocurrido meses antes de una maestra jubilada de Álamo Temapche, identificada como Irma Hernández Cruz.
El mismo reportaje afirma, sin que la fiscalía haya corroborado o respaldado esa afirmación en ningún comunicado oficial, que Roxana Guzmán habría tenido vínculos con una célula delictiva encabezada por un sujeto identificado como El doble cero, detenido en junio de 2025 y reconstruye un historial delictivo de su fallecida pareja, Carlos Fernández Escalante, basado en una detención ocurrida En 2012, estas afirmaciones atribuidas a una sola fuente periodística regional y no confirmadas por ninguna autoridad
ministerial deben leerse con la cautela que exige cualquier alegación no verificada contra una persona que hasta este momento continúa siendo legalmente una víctima de desaparición forzada, no una persona vinculada a proceso penal por delito alguno.
Lo que sí está documentado y confirmado por al menos seis medios de circulación nacional de manera independiente entre sí, es la siguiente secuencia cronológica.
El 2 de junio, Roxana Guzmán fue sustraída de su domicilio por un comando armado.
El 6 de junio, cuatro hombres fueron detenidos en relación con el caso.
Tres de ellos recuperaron su libertad el 9 de junio por falta de elementos probatorios.
eficientes.
El 12 de junio, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación y la transfirió a la Unidad Especializada en delitos contra la libertad de expresión.
El 25 y 26 de junio, en un periodo de menos de 24 horas, fueron detenidos seis individuos, José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta 7, señalado como integrante del grupo Sombra y como participante activo en la privación de la libertad de la periodista.
una mujer identificada como Karen N.
y cuatro elementos de la policía municipal de Exoatlán del sureste, entre ellos su comandante en turno.
Ese mismo periodo, derivado de información atribuida al primer detenido, las autoridades aseguraron un predio en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Moloacán, donde se localizaron restos humanos cuya identidad permanece al cierre de esta nota sin confirmación pericial pública.
La causa de muerte de la persona cuyos restos fueron hallados en ese predio, tampoco ha sido determinada de manera oficial.
Las versiones extraoficiales atribuidas a fuentes de seguridad hablan de un homicidio, pero ninguna autoridad ministerial ha hecho público un dictamen de necropsia, una mecánica de lesiones, ni una causa de muerte formal.
Toda afirmación en sentido contrario que circule en este momento corresponde a información atribuida a fuentes no identificadas o a declaraciones extraoficiales de una dependencia de seguridad, no a un comunicado oficial respaldado por evidencia forense pública.
Queda
entonces un expediente con piezas firmes y piezas pendientes.
Las piezas firmes son estas.
Una periodista hiperlocal con 20,000 seguidores en un municipio petrolero fue sustraída de su domicilio por un comando armado a plena luz del día frente a su familia en un hecho registrado en video.
La investigación, tras un primer intento fallido con cuatro detenidos que en su mayoría fueron liberados por un juez, fue atraída por la Fiscalía General de la República y transferida a la Unidad Especializada en delitos
contra periodistas.
Más de tres semanas después, una operación de inteligencia naval permitió la detención de un presunto integrante de una célula criminal identificada como Grupo Sombra.
señalado como partícipe directo en el secuestro, así como la detención simultánea de cuatro policías municipales de un ayuntamiento vecino, incluido su comandante.
A partir de información proporcionada por el primer detenido, se localizó un predio donde se hallaron restos humanos.
Las piezas pendientes son estas: la identificación forense de esos restos mediante pruebas genéticas y antropológicas.
no se ha hecho pública.
La causa de muerte no ha sido determinada de manera oficial.
El grado de participación de cada uno de los seis detenidos en los hechos del 2 de junio no ha sido precisado por ninguna fiscalía.
Los cargos formales contra los cuatro policías municipales detenidos no han sido informados públicamente y el móvil del secuestro, si estuvo o no relacionado con la labor periodística de la víctima, con disputas territoriales entre estructuras criminales rivales por el control de la región o con algún otro factor, sigue sin establecerse de manera oficial, según ha reconocido la propia fiscal de Veracruz
en sus comparecencias públicas.
Mientras esas piezas no encajen con el respaldo de un dictamen pericial firmado y notificado formalmente a la familia, el caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez debe consignarse con el mismo rigor con que se consignan los hechos confirmados, como lo que jurídicamente continúa siendo una desaparición, no un caso cerrado, no una confirmación, una desaparición en un estado donde según documentan de manera coincidente organizaciones de derechos humanos y
comités de protección a periodistas, el ejercicio del periodismo independiente en las zonas petroleras del sur sigue suponiendo, para quien lo practica, un riesgo que ninguna corporación de seguridad local ha demostrado hasta ahora ser capaz de contener.
Yeah.
