Un objetivo prioritario de la delincuencia organizada.
Un excomandante de la policía municipal capturado en la misma operación.
Armas largas, equipo táctico y droga asegurados en cuestión de minutos.
Esto no ocurrió en una sierra perdida ni en un campamento de entrenamiento en el monte.
Ocurrió en una sindicatura costera llamada Isla del Bosque en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, a menos de una hora por carretera de los hoteles de cinco estrellas de Mazatlán.
¿Cómo termina un jefe de seguridad pública municipal formando parte del círculo armado de un capo? ¿Por qué un operativo de esta magnitud necesitó helicópteros, tres puntos de bloqueo carretero y un enfrentamiento directo con civiles armados? Y sobre todo, ¿qué estaba protegiendo Hilario Martínez Gómez cuando dejó de portar una placa oficial y se convirtió en escolta de un jefe de plaza? En este video vamos a reconstruir con fuentes oficiales y reportes de campo la caída de Misael Guerrero Pérez, alias el gerero pin y
del expolicía que terminó trabajando para él.
Llevamos días reconstruyendo el contexto detrás de este operativo y quédense hasta el final porque la pregunta más incómoda de esta historia no la responde ningún comunicado oficial.
Para entender lo que pasó en Escuinapa, hay que entender primero por qué el sur de Sinaloa es una de las zonas más codiciadas del narcotráfico mexicano.
Esquinapa no aparece en los titulares con la frecuencia de Culiacán o de Mazatlán, pero su posición geográfica lo convierte en una pieza estratégica de primer nivel.
Es el último municipio sinaloense antes de la frontera con Nayarit, atravesado de norte a sur por la carretera federal 15, la columna vertebral que conecta el noroeste del país con el centro y el occidente.
Quien controla los tramos de esa carretera controla en buena medida el flujo de mercancía legal [música] e ilegal que se mueve hacia el sur del país.
Piénsenlo un momento.
Cada camión de tomate, de mango o de camarón que sale de los campos de Escuinapa hacia los mercados de Guadalajara o de la Ciudad de México pasa físicamente por los mismos puntos donde operan las células de trasciego de droga.
Donde hay agricultura de exportación, hay flotillas de transporte, donde hay flotillas de transporte, hay rutas vigiladas.
Donde hay rutas vigiladas hay cobro de derecho de piso y donde hay derecho de piso hay sicarios cuidando la cuota.
Esa cadena no es casualidad, es la lógica territorial que explica por qué un municipio agrícola de menos de 60,000 habitantes se ha convertido en un campo de disputa armada constante.
La economía de Scuinapa depende en gran medida de tres actividades: la pesca de camarón, el cultivo de mango de exportación y en temporada el turismo de playa que se desplaza desde Mazatlán hacia Teacapán.
Las tres actividades comparten algo en común.
Dependen de transporte terrestre constante a través de las mismas carreteras que el crimen organizado utiliza para mover droga y armamento.
Eso significa que cualquier bloqueo, cualquier enfrentamiento, cualquier operativo militar de gran escala golpea directamente la economía formal del municipio, no solo la economía ilegal que las autoridades intentan desmantelar.
Empresarios agrícolas de la zona han reportado en distintos foros regionales que el llamado derecho de piso se cobra ya por tonelada exportada, no por negocio, lo cual indica un nivel de sofisticación administrativa dentro de la extorsión que pocas veces se documenta fuera de la región.
La violencia en Escuinapa no es
un fenómeno nuevo, pero sí se ha intensificado de forma medible en los últimos meses.
Durante junio de 2026, el municipio registró ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, una táctica que hasta hace pocos años era prácticamente exclusiva de Jalisco y de Michoacán y que ahora se ha extendido a la costa sinalo en ese mismo periodo se documentaron los feminicidios de dos jóvenes, una de ellas una para atleta de 14 años.
Hay que detenerse en ese dato porque rara vez los medios nacionales conectan la violencia de género con la disputa territorial del crimen organizado y sin embargo, en zonas de control armado, ambas suelen ir de la mano porque el control territorial incluye el control sobre la vida cotidiana de quienes habitan ese territorio.
Para quien no lo sepa, el uso de drones armados con cargas explosivas improvisadas representa un salto cualitativo en la guerra entre cárteles.
No se trata de un arma de combate convencional, sino de una tecnología de bajo costo y alta precisión que permite atacar a un objetivo específico sin exponer al atacante.
Cuando esa tecnología llega a una región agrícola tranquila como Escuinapa, no es un dato aislado, es la señal de que la disputa territorial ha entrado en una fase distinta, más letal y más difícil de contener con los métodos tradicionales de patrullaje.
Desde 2023, la fractura interna del cártel de Sinaloa, acelerada por la captura y extradición de varios mandos históricos de la organización, dejó un vacío de poder que distintas facciones han intentado llenar desde entonces.
En el sur del estado, esa pelea se da principalmente entre operadores afines a los chapitos, la facción encabezada por hijos de Joaquín Guzmán Loera y células rivales que reivindican una identidad propia.
Frente al mando central que históricamente dominó la organización, Escuinapa, El Rosario y parte de Mazatlán han quedado en medio de ese reacomodo territorial y cada detención de alto perfil en la zona reabre la misma pregunta.
¿Quién va a ocupar el espacio que deja el detenido y cuánta violencia va a costar esa transición? Las cifras oficiales de violencia en Sinaloa ayudan a entender la escala del problema más allá del caso de Escuinapa.
Según reportes acumulados de seguridad pública estatal, Sinaloa se ha mantenido desde la fractura de 2024 entre las cinco entidades con mayor número de homicidios dolosos del país, con picos mensuales que en algunos periodos han superado el centenar de casos documentados solo en la zona centro sur del estado.
Para quien no lo sepa, eso equivale en términos prácticos a varios homicidios por semana, únicamente en los municipios que rodean Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.
Una cifra que convierte a esta franja territorial en una de las más letales de México durante los últimos 2 años.
Esa cifra no es un número abstracto de estadística criminal.
Es el resultado directo de la disputa entre los Chapitos y el grupo Chapo Isidro por el control de las rutas que conectan la sierra con la costa y de la costa con la frontera norte.
Cada punto de esa ruta, Culiacán, Mocorito, Concordia, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Escuinapa ha registrado en algún momento de los últimos meses enfrentamientos armados.
bloqueos o decomisos de alto perfil.
Se trata más que de una guerra localizada en un solo municipio, de una guerra de corredor que se mueve de un punto a otro de la misma carretera federal según donde se concentre en cada momento la presión militar.
Hay que detenerse en ese dato un segundo más.
Cuando una guerra se libra por el control de un corredor logístico completo y no por una sola plaza aislada, la caída de un jefe de plaza específico como el geropin no detiene el conflicto, solo desplaza temporalmente el punto de mayor tensión
hacia otro tramo de la misma ruta.
Hay una dimensión de esta historia que los medios nacionales pocas veces abordan con la profundidad que merece.
La disputa no es solo entre cárteles, es entre estructuras de gobierno local y estructuras criminales que han aprendido a convivir e incluso a fusionarse dentro del mismo aparato de seguridad municipal.
Eso es exactamente lo que ocurrió en Escuinapa y es exactamente lo que vamos a reconstruir en los siguientes minutos.
Antes de llegar al operativo del 25 de junio, hay que entender quién es Misael Guerrero Pérez.
Las autoridades lo identifican de forma extraoficial como el gerero Pin, un operador de plaza subordinado a la estructura de los chapitos en la zona sur de Sinaloa con presencia reportada en Escuinapa, El Rosario y parte de Mazatlán.
Se le atribuyen, entre otros delitos, tráfico de drogas y privación ilegítima de la libertad.
Según fuentes de seguridad consultadas, su función dentro de la organización no era la de un mando nacional ni regional de alto perfil mediático, sino la de un jefe de plaza.
La pieza que administra el territorio día a día, cobra cuotas a comerciantes y transportistas, organiza la logística de trasciego hacia el norte y resuelve muchas veces a balazos los conflictos con grupos rivales que intentan disputarle la zona.
Volvamos a un dato que merece repetirse porque no es un detalle menor.
Junto a el Gerero PIN cayó Hilario Martínez [música] Gómez, identificado como extitular de seguridad pública y tránsito municipal de Escuinapa.
Ese nombramiento no es cualquier cosa.
Martínez Gómez tuvo, según los registros disponibles, 15 años de carrera dentro de la Policía Estatal Preventiva antes de ser asignado a la base policial de Tecualilla, donde permaneció al menos un año y medio y fue hasta julio de 2023 cuando alcanzó el nombramiento oficial
como titular de seguridad pública municipal en Escuinapa.
Para quien no lo sepa, ese cargo implica el mando directo sobre la corporación policial, que en teoría debe enfrentar precisamente al tipo de estructura criminal a la que terminó perteneciendo.
Eso [música] plantea preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder y que hasta este momento ningún comunicado ha querido tocar.
Desde cuando Martínez Gómez formaba parte del círculo de seguridad de Elero Pin, esa relación comenzó después de dejar el cargo público, cuando ya no tenía nada que perder institucionalmente o existía desde antes, mientras todavía aportaba la insignia oficial y dirigía a otros policías.
El comunicado del gabinete de seguridad no lo precisa y esa omisión, más que un detalle administrativo, es el centro real de esta historia.
La gestión de Martínez Gómez al frente de la seguridad municipal, según versiones locales, ya estuvo marcada por una rotación constante de mandos policiales, un síntoma común en municipios donde la presión del crimen organizado sobre las corporaciones locales es permanente.
El tablero de actores en el sur de Sinaloa no se entiende sin nombrar con precisión a los grupos que se disputan el control de la zona.
Los chapitos, facción derivada del cártel de Sinaloa, encabezada por hijos de Joaquín Guzmán Loera, concentran buena parte de las rutas de trasciego de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, con una sofisticación operativa que incluye laboratorios móviles, comunicaciones cifradas y, según analistas de seguridad, ingresos anuales que se estiman en cientos de millones de dólares solo por el componente de fentanilo sintético.
La estructura de los chapitos opera bajo un modelo de plazas semiautónomas.
Cada jefe de plaza, como en este caso el Geropin, administra su territorio con considerable libertad operativa, siempre que mantenga el flujo de droga y de cuotas [música] hacia los mandos superiores de la organización.
Frente a ellos opera el grupo conocido públicamente [música] como Chapo Isidro, una facción rival que disputa territorio en Culiacán, Mocorito y municipios del centro y sur del estado y que en semanas recientes también ha sufrido golpes de
las autoridades, incluida la detención de un operador identificado como el 24 en el centro de Sinaloa, junto con otras 10 personas y el aseguramiento de un fusil Barret, más de 150 cargadores y varios artefactos explosivos repartidos en distintos municipios de la entidad.
Esa detención ocurrida apenas un par de semanas antes de la caída de Elero PIN confirma un patrón que merece subrayarse.
El Estado está golpeando simultáneamente a las dos facciones que se disputan el territorio del sur de Sinaloa, lo cual en el corto plazo intensifica y no reduce la violencia inmediata en la zona.
Para poner esto en perspectiva, en operativos similares documentados meses atrás, las fuerzas federales lograron decomisos puntuales de armamento, pero la frecuencia y el volumen de los aseguramientos durante junio de 2026 representan, según el patrón acumulado de los reportes oficiales, varias veces el ritmo registrado en periodos anteriores.
Eso plantea una dimensión que merece su propio espacio.
Cuando un jefe de plaza cae, el vacío que deja no permanece vacío más de algunos días.
Lo ocupa otro operador, generalmente uno más joven, con menos experiencia para negociar conflictos sin recurrir a la violencia y con mayor necesidad de demostrar control inmediato sobre el territorio.
Eso explica por qué.
Históricamente, las semanas posteriores a una detención de alto perfil suelen registrar picos de enfrentamientos en la misma zona, no una reducción de la violencia.
Parecía que la caída del 24 semanas antes había debilitado a una de las dos facciones en disputa.
No fue así.
El sur de Sinaloa siguió registrando hechos violentos de manera prácticamente ininterrumpida hasta la captura de el gerüero pin.
El operativo del jueves 25 de junio de 2026 fue ejecutado por un grupo interinstitucional integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
El despliegue se concentró en la sindicatura de Isla del Bosque dentro del municipio de Escuinapa, una zona rural de difícil acceso terrestre rodeada de canales y zonas pantanosas, lo cual obligó a las fuerzas federales a utilizar transporte aéreo para insertar tropas con rapidez y sin depender de los caminos de tierra que habrían dado tiempo de reacción al objetivo.
Esta clase de coordinación es precisamente lo que distingue un operativo de alto impacto de un cateo aislado, porque la inserción aérea simultánea elimina el margen de reacción del objetivo y de su red de halcones.
Vecinos de la zona documentaron el descenso de helicópteros militares sobre la sindicatura y observaron como junto con Misael Guerrero Pérez, otra persona con las características del exjefe policíaco era subida a la aeronave.
La operación no transcurrió sin resistencia.
Se registraron enfrentamientos con civiles armados y bloqueos carreteros en al menos tres puntos del municipio, uno de ellos en la carretera Escuinapa Teacapán, que quedó completamente cerrada durante varias horas mientras las fuerzas federales mantenían el control de la zona.
Hay una dimensión de esta historia que los medios nacionales pocas veces abordan con la profundidad que merece.
Los bloqueos carreteros no surgen espontáneamente.
Requieren vehículos, gente dispuesta a quemarlos o atravesarlos en la vía y una cadena de mando que decida en minutos sacrificar infraestructura propia para ganar tiempo.
Eso revela que la estructura del herero pin tenía capacidad de reacción inmediata, incluso sin su líder al mando, lo cual habla de una red mucho más amplia que un solo jefe de plaza y un exjefe policíaco.
Detrás de cada bloqueo carretero hay un vecino de Escuinapa que no pudo llegar a trabajar esa mañana.
Un transportista de mango o de camarón que tuvo que detener su carga en plena temporada de exportación.
una familia que escuchó disparos a pocas calles de su casa sin saber en ese momento si se trataba de un enfrentamiento entre cárteles o de un ajuste de cuentas interno.
Esa es la dimensión humana que rara vez aparece en los comunicados oficiales que se limitan a hablar de situación bajo control.
En cuanto a lo asegurado, los reportes de seguridad confirman el decomiso de armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga directamente vinculado a la captura de El Gerüero Pin y de Martínez Gómez.
Aunque el comunicado del gabinete de seguridad mantiene bajo reserva el inventario exacto de esta acción específica, operativos paralelos realizados en el sur de Sinaloa durante las mismas semanas documentan con precisión el patrón de armamento que manejan estas células, fusiles de alto poder, entre ellos rifles calibre50 tipo Barret, el mismo calibre que utilizan fuerzas militares regulares para neutralizar blindajes ligeros.
y vehículos a distancias superiores a los 1000 m, además de chalecos tácticos, placas balísticas, decenas de cargadores y miles de cartuchos por punto de aseguramiento, junto con artefactos explosivos improvisados que incluyen estopines eléctricos y de retardo.
Eso no es el equipo de un grupo de halcones improvisado vigilando una esquina.
[música] Es el inventario de una estructura paramilitar con capacidad de combate sostenido, capaz de enfrentar a fuerzas federales en terreno abierto durante horas, exactamente como ocurrió durante este operativo en Isla del Bosque.
Para quien no lo sepa, dentro de estas estructuras existen roles bien definidos y entenderlos ayuda a entender la escala realmanteló.
Los halcones son los ojos de la organización.
Vigilan retenes, reportan movimientos militares por radio o por celular y avisan con minutos de anticipación cualquier despliegue de seguridad que se acerque a la zona controlada.
Los sicarios o gatilleros ejecutan la violencia directa y resguardan físicamente al jefe de plaza, que es justamente el papel que parece haber ocupado el exjefe policiaco dentro del círculo de Elero Pin, aprovechando precisamente el conocimiento operativo que adquirió como policía.
Los operadores logísticos gestionan el trasciego físico de droga y armamento entre puntos de la red, usando rutas agrícolas y caminos secundarios que conocen mejor que cualquier mapa oficial.
Y los financieros, casi siempre invisibles para la prensa y para las cámaras, son quienes lavan las ganancias a través de negocios formales, desde transporte de carga hasta comercio agrícola de exportación, precisamente los sectores que dominan la economía legal de Squinapa.
Volvamos al dato del exjefe policiaco, porque ese dato no es solo una anécdota local, es una radiografía de cómo funciona la cootación institucional en zonas de control criminal.
No se trata casi nunca de un policía que un día decide convertirse [música] en sicario por dinero fácil.
Se trata, con mucha más frecuencia de un funcionario que durante años convive con la estructura criminal en su territorio, que recibe presión y beneficios simultáneamente y que termina cruzando una línea que desde fuera parece nítida, pero que desde dentro de
un municipio controlado se vuelve difusa.
Para entender la magnitud económica de lo que se disputa en esta franja del país, hay que mirar el componente financiero de la organización a la que pertenecía el gerero PIN.
Según analistas de seguridad consultados sobre la estructura de los chapitos, cada jefe de plaza administra en promedio ingresos mensuales que se cuentan en decenas de miles de dólares solo por concepto de cuotas territoriales, sin contar las ganancias directas del trasciego de droga, que pueden multiplicar esa cifra
varias veces dependiendo del volumen que cruce por su zona en un periodo determinado.
Ese dinero no se queda en una caja fuerte.
Se reinvierte en armamento, en sobornos a funcionarios locales y en el sostenimiento de una red de halcones que puede llegar a involucrar a decenas de personas en un solo municipio, muchas de ellas sin antecedentes penales previos.
Eso explica en parte por qué estructuras como la de el gero pin logran sostenerse durante años antes de ser desmanteladas.
No dependen de un solo líder carismático ni de un solo grupo de sicarios.
dependen de una red económica completa que incluye transportistas, comerciantes que pagan cuota de manera regular, funcionarios que miran hacia otro lado a cambio de un ingreso adicional y en casos como este policías que terminan trabajando directamente para la organización que en teoría debían combatir.
La respuesta institucional a
este tipo de estructuras ha cambiado en los últimos años.
Ya no se trata únicamente de operativos de captura puntual, sino de estrategias de presión sostenida que combinan inteligencia militar, vigilancia aérea y coordinación entre al menos cuatro corporaciones distintas, como se vio en Isla del Bosque.
Sin embargo, esa misma sofisticación operativa contrasta con la ausencia de mecanismos efectivos de depuración policial a nivel municipal, que es precisamente el punto débil que permitió que alguien con la trayectoria de Hilario Martínez Gómez terminara años después de dejar su cargo escoltando a un capo en el mismo territorio que antes patrullaba con una placa oficial.
Para quien no lo sepa, los mecanismos de control de confianza para policías municipales en México, exámenes toxicológicos, poligráficos, revisión patrimonial suelen aplicarse mientras el funcionario está en activo, pero prácticamente desaparecen una vez que deja el cargo.
Eso crea un vacío de seguimiento institucional.
Un expicía con conocimiento operativo, contactos dentro de la corporación y entrenamiento táctico puede integrarse a una estructura criminal sin que ningún mecanismo de control lo detecte hasta que aparece, como en este caso, detenido junto a un jefe de plaza durante un operativo militar.
Hay una dimensión de esta historia que merece quedar abierta, no resuelta, porque cerrarla con un resumen optimista sería faltar a la realidad del sur de Sinaloa.
La detención de un jefe de plaza y de un excandante policiaco no resuelve la estructura que lo sostenía durante años.
No sabemos, por ejemplo, cuántos otros funcionarios de seguridad municipal en el sur de Sinaloa mantienen vínculos similares con estas organizaciones, ni si la captura de Martínez Gómez fue producto de inteligencia previa específica sobre su doble papel o simplemente una consecuencia colateral de la persecución de el gerero pin, tampoco sabemos quién va a ocupar en los próximos días el espacio que deja un jefe de plaza
capturado en una de las rutas más disputadas del país, ni cuánta violencia va a costar esa transición a los vecinos de Isla del Bosque.
Para poner en perspectiva la magnitud de la guerra que se vive actualmente en Sinaloa, [música] basta mirar el calendario de las últimas semanas.
El 15 de junio de 2026, operativos conjuntos en Culiacán, Mocorito, Concordia, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa, Elta y Cosalá derivaron en la detención de 11 personas, entre ellas Iván N, alias el 24, señalado como líder regional
vinculado al grupo Chapo Isidro.
En esa sola jornada se asegararon dos vehículos, varias armas largas y cortas, decenas de cargadores, miles de cartuchos, siete artefactos explosivos improvisados, estopines eléctricos y de retardo y goma de opio en cantidades significativas.
Apenas [música] 10 días después, el 25 de junio, cayó el geropín en la misma franja territorial.
Eso significa que en menos de dos semanas el sur y el centro de Sinaloa registraron al menos dos golpes de alto perfil contra las dos facciones que se disputan el control de la zona.
Eso no es casualidad ni es una coincidencia de calendario.
Es la evidencia de una estrategia federal de presión simultánea sobre ambos bandos del conflicto.
Una estrategia que busca evitar que cualquiera de las dos facciones consolide ventaja territorial, mientras la otra es golpeada.
Sin embargo, esta misma estrategia tiene un costo que rara vez se menciona en los comunicados.
Cuando se debilita a las dos partes de un conflicto armado al mismo tiempo, ninguna de ellas logra imponer un control claro sobre el territorio y eso multiplica el número de actores armados compitiendo por el mismo espacio, no lo reduce.
Hay una dimensión de esta historia que los medios nacionales pocas veces abordan con la profundidad que merece.
La guerra entre los Chapitos y el grupo Chapo Isidro no es nueva.
Tiene su origen en la fractura del cártel de Sinaloa, que se profundizó después de la detención de Ovidio Guzmán y posteriormente con la llegada de nuevos mandos a procesos judiciales en Estados Unidos que sacudieron el equilibrio interno de la organización.
Desde entonces, cada facción ha intentado consolidar control sobre rutas específicas y el sur de Sinaloa, por su valor logístico hacia la costa del Pacífico, se ha convertido en uno de los terrenos más disputados de todo el estado.
Para quien no lo sepa, el fentanilo cambió por completo la economía del narcotráfico sinaloense en la última década.
A diferencia de la marihuana o incluso de la cocaína, el fentanilo se produce en laboratorios pequeños con insumos químicos importados y genera márgenes de ganancia que superan ampliamente a cualquier otra droga ilícita en circulación.
Esa rentabilidad explica por qué las facciones están dispuestas a sostener un nivel de violencia tan alto por el control de rutas relativamente pequeñas como las que cruzan Escuinapa.
No se trata de territorio por orgullo, se trata de territorio por flujo de efectivo.
Eso plantea preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder y que van más allá del caso específico de el gerero pin.
¿Cuánto tiempo de inteligencia previa se invirtió antes de ejecutar este operativo en Isla del Bosque? ¿Hubo información anticipada sobre la presencia del exjefe policíaco dentro del círculo del objetivo principal o su captura fue una sorpresa? incluso para los propios elementos federales que ejecutaron la acción y sobre todo, ¿qué
me de control interno permitió que un titular de seguridad pública municipal terminara años después de dejar el cargo escoltando a un jefe de plaza en la misma zona donde antes dirigió una corporación policial? El reencuadre moral de esta historia no puede quedar en los nombres de los detenidos.
Detrás de cada cargador asegurado hay un vecino de isla del bosque que escuchó disparos sin saber si tenía que correr o esconderse.
Detrás de cada bloqueo carretero hay un pescador de camarón que perdió un día completo de trabajo en plena temporada.
Y detrás de cada policía municipal que termina trabajando para el crimen organizado, hay casi siempre una corporación entera que opera bajo la misma sombra, aunque no todos sus integrantes hayan cruzado la misma línea.
Conviene cerrar con un dato que rara vez se menciona cuando se celebra una detención de alto perfil.
Ninguna de las dos facciones que se disputa el sur de Sinaloa ha sido desarticulada por completo.
Tanto los Chapitos como el grupo Chapo Isidro siguen operando, siguen reclutando y siguen generando ingresos a través de las mismas rutas que atraviesan Escuinapa.
La caída de Elero Pin y de Hilario Martínez Gómez representa un golpe puntual, verificable y documentado, pero no representa, bajo ningún criterio serio de análisis de seguridad el fin del conflicto que sostiene la violencia en esta franja del Estado.
Lo que sí sabemos con certeza es que mientras los comunicados oficiales celebran una detención más, los vecinos de la sindicatura siguen viviendo bajo recomendaciones de seguridad emitidas por redes sociales, bajo el recuerdo de los helicópteros bajando sobre su comunidad y bajo la misma pregunta que
ninguna autoridad ha querido responder todavía.
¿Cuántos más como Hilario Martínez Gómez siguen en este momento portando una placa oficial mientras protegen a un capo?
