En el complejo ajedrez político que define al México actual, los movimientos de las piezas no son casuales; responden a una dinámica de supervivencia ante una presión internacional que cada día se vuelve más sofocante.
La reciente solicitud de licencia del senador Enrique Inzunza,
figura prominente y parte de la controvertida lista de políticos bajo la lupa de Washington, ha enviado una onda de choque a través de las estructuras del oficialismo.
Este suceso no ocurre en un vacío; es la consecuencia directa de una red de acusaciones de narcopolítica que ha puesto contra las cuerdas a quienes, hasta hace muy poco, parecían intocables.
La incertidumbre sobre su paradero, sumada a la opacidad con la que se han manejado las comparecencias ante las autoridades, no hace sino confirmar que el régimen enfrenta una crisis de credibilidad sin precedentes.
La “lista famosa”, como ha sido denominada por la opinión pública tras ser ventilada por instancias vinculadas a la Casa Blanca, no es solo un papel con nombres; es una sentencia que ha comenzado a materializarse.
El hecho de que Enrique Inzunza no se hubiera presentado durante tres semanas a la Comisión Permanente, para luego reaparecer brevemente con una solicitud de licencia de emergencia de apenas dos días, sugiere un escenario de desesperación.
Es el reflejo de una élite política que, ante la inminencia de la justicia, busca desesperadamente un resguardo, un espacio para maniobrar o, quizás, preparar una huida que les permita eludir las consecuencias de años de complicidades.
La opacidad con la que se manejan los altos mandos de Morena al ser cuestionados sobre el paradero de sus correligionarios dice más que cualquier discurso oficial: es el silencio de quien sabe que el suelo está cediendo bajo sus pies.
Lo que resulta verdaderamente preocupante para la ciudadanía no es solo el destino de una figura política individual, sino el mensaje que se envía desde las instituciones.
Mientras se busca blindar a los acusados con discursos de “soberanía” y ataques a la injerencia extranjera, el país observa cómo se desmantelan los contrapesos democráticos.
La discusión sobre la nulidad de las elecciones por intervención extranjera, bajo términos tan vagos que podrían incluir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, no es una medida de protección de la democracia; es un candado diseñado para blindar al poder frente a cualquier escrutinio real.
Al definir como “injerencia” cualquier crítica documentada o financiamiento que apoye el estudio de la democracia, la cúpula oficialista está trazando una línea divisoria que nos acerca, peligrosamente, a los modelos de autoritarismo que hemos visto fracasar en otras latitudes.
Este esfuerzo por controlar la narrativa se extiende a la propia Cámara de Diputados, donde las agresiones y la violencia política de género han pasado a ser parte de la rutina.
La forma en que diputadas del partido en el poder han atacado a sus propias colegas, sugiriendo que “si no pueden con la asamblea deben dejar que entre un hombre”, no solo es una muestra de misoginia institucional, sino una revelación de los valores que predominan en las filas del régimen.
Cuando las leyes se construyen sobre la base de la violencia y la descalificación, el resultado solo puede ser una erosión profunda de los derechos ciudadanos.
La ciudadanía debe cuestionarse: si este es el trato que se dan entre pares en la máxima tribuna del país, ¿qué se puede esperar para el ciudadano común que intenta alzar la voz contra el abuso de poder?
La defensa pública de figuras como Rubén Rocha Moya, realizada por personajes cuya trayectoria está salpicada por su propia vinculación con el crimen organizado, es otro eslabón de esta cadena de escándalos.
El uso de la tribuna parlamentaria para escudar a políticos sospechosos de narcopolítica, en lugar de permitir que se esclarezcan las acusaciones, demuestra que la lealtad partidista está por encima del compromiso con el Estado de derecho.
Mientras la gobernadora de Chihuahua ha comparecido ante las autoridades, otros personajes han buscado el amparo de la licencia y el fuero, intentando dilatar un proceso que, cada vez más, parece inevitable.
Esta disparidad en la forma de enfrentar la justicia solo alimenta la percepción de que en este país existen ciudadanos de primera y de segunda, y que los integrantes de la cúpula están decididos a mantener ese privilegio a toda costa.
El peligro de este camino es inmenso.
Al instaurar candados legales que permitan la nulidad de los procesos electorales basándose en argumentos subjetivos de injerencia, el oficialismo está creando el escenario perfecto para desconocer cualquier resultado que no les sea favorable.
Esta no es una estrategia de defensa nacional, es una estrategia de control perpetuo.
La historia nos enseña que cuando los gobiernos se sienten amenazados por la verdad, su primer impulso es silenciar a los mensajeros y destruir los espejos.
La sociedad civil, al ser señalada como un actor de “interferencia”, está siendo blanco de una persecución que busca eliminar cualquier voz independiente capaz de documentar la realidad de nuestro país.
El papel de los organismos de justicia, que deberían ser independientes, se ha visto comprometido en esta búsqueda de control.
La forma en que se han permitido irregularidades electorales sin castigo real, bajo la excusa de ser “moneda de cambio” para otras reformas, ilustra una preocupante complicidad que ha permitido que la narcopolítica se normalice.
Cuando el árbitro electoral se convierte en parte del equipo de uno de los contendientes, la democracia deja de existir.
Estamos presenciando cómo se construyen los pilares de un régimen que, aunque evita llamarse dictadura, adopta todas sus formas y mecanismos de control.
La sociedad mexicana, sin embargo, no es un espectador pasivo.
A pesar de los intentos por desinformar y polarizar, la realidad de la inseguridad, el desabasto de medicamentos y el deterioro institucional son hechos que ninguna narrativa gubernamental puede ocultar.
Cada solicitud de licencia, cada reaparición misteriosa y cada discurso agresivo solo suma al descontento generalizado.
El senador Inzunza y otros nombres de la “lista negra” no son más que los síntomas de una enfermedad mucho más profunda: el secuestro de las instituciones por parte de un grupo que ha priorizado el poder sobre el bienestar de la nación.
Ante este panorama, la pregunta fundamental es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que lleguen estos márgenes legales de control? La comparación con otros regímenes de la región no es un ejercicio exagerado; es una alerta necesaria.
Cuando un gobierno empieza a legislar para protegerse a sí mismo de la justicia internacional, y cuando la soberanía se convierte en el refugio de los corruptos, es señal de que las instituciones ya no sirven al ciudadano, sino a la cúpula.
La lucha por la democracia en México no se librará solo en las urnas; se librará en la capacidad de la ciudadanía para organizar su indignación y exigir una transparencia que, hasta el momento, se nos ha negado sistemáticamente.
Es crucial que la discusión sobre la injerencia extranjera se realice con honestidad.
México, como parte de una comunidad internacional interconectada, no puede vivir en el aislamiento.
La cooperación para combatir al crimen organizado, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante organismos internacionales son elementos que fortalecen, y no debilitan, nuestra soberanía.
Rechazar estos principios bajo el pretexto de que “en México decidimos los mexicanos” es un insulto a la inteligencia de quienes vemos cómo el crimen organizado tiene una influencia que va mucho más allá de las fronteras.
No se trata de ceder nuestra soberanía, sino de recuperar nuestro país de las manos de quienes han permitido que se convierta en una plaza para la narcopolítica.
El futuro inmediato será una prueba de fuego para nuestras instituciones.
El proceso de licencias y comparecencias, las futuras reformas constitucionales y la batalla por la legalidad electoral serán los campos donde se definirá si el país mantiene una senda democrática o se desliza hacia un modelo de autoritarismo sin retorno.
La ciudadanía debe permanecer vigilante.
Cada tweet, cada sesión parlamentaria, cada solicitud de licencia debe ser escrutada.
No podemos permitir que la distracción de la “novela política” nos oculte la realidad del desmantelamiento de nuestras libertades.
La exigencia es clara: justicia para todos, sin excepciones y sin fueros que protejan la impunidad.
La ley debe ser igual para quien está en el poder como para quien está en la oposición.
Si se acusa de narcopolítica a un senador o a un gobernador, lo mínimo que se espera en una democracia funcional es que el proceso se lleve a cabo de manera transparente, permitiendo que la ciudadanía conozca la verdad.
Cualquier maniobra para ocultarse tras una licencia de emergencia solo refuerza la sospecha y debilita la confianza en el Estado.
En conclusión, Enrique Inzunza y el resto de los señalados en la lista de Washington son solo la punta del iceberg de una estructura de poder que ha decidido apostar por el enfrentamiento antes que por la legalidad.
Este es un momento de definiciones.
La historia no recordará a quienes se escondieron tras licencias o discursos de soberanía vacíos, sino a quienes tuvieron el valor de enfrentar la verdad y defender, con hechos y no con retórica, la dignidad de México.
El cerco se está cerrando, y la pregunta es si el régimen tendrá la sensatez de aceptar las consecuencias o si terminará por arrastrar al país entero en su caída.
