Encuentro en seguridad por operación polémica
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión privada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado.
El encuentro se realizó en la sede de la dependencia federal en la Ciudad de México y tuvo una duración aproximada de una hora.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha dado detalles sobre los acuerdos o conclusiones alcanzadas durante la conversación.
Cuestionan colaboración con agencias extranjeras
El tema central del encuentro fue la posible intervención de agentes de Estados Unidos en acciones contra el crimen organizado en Chihuahua, lo cual, de acuerdo con la normativa mexicana, debe ser autorizado y notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que es necesario aclarar bajo qué condiciones se establecieron estos vínculos y por qué no se informó a las autoridades federales correspondientes.
Caso surge tras operativo y muertes de agentes
La polémica se intensificó luego de un operativo en el municipio de Morelos, donde se localizó un narcolaboratorio y murieron dos agentes estadounidenses, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta.
Inicialmente, autoridades estatales ofrecieron una versión distinta sobre la presencia de los agentes extranjeros, lo que posteriormente generó ajustes en la narrativa oficial.
El gobierno federal indicó que contaba con información que confirmaba la colaboración de estos elementos con autoridades locales.
Comparecencia ante el Senado en puerta
El caso será revisado en el ámbito legislativo, ya que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, deberán presentarse ante el Senado de la República para explicar los hechos y el alcance de la cooperación internacional.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, los agentes extranjeros pueden compartir información, pero no realizar operaciones directas en territorio mexicano sin autorización federal, lo que ha colocado el caso bajo escrutinio político y legal.
