Hay una pregunta que resuena cada vez con mayor frecuencia y fuerza en las calles, los debates políticos, las mesas de análisis y las redes sociales de México.
Una interrogante que, hace apenas una década, habría parecido el argumento de una descabellada novela de ficción política, pero que hoy es el centro de acaloradas discusiones nacionales: ¿Puede México hacer algo parecido a lo que hizo El Salvador en materia de seguridad?
Cada vez que un episodio de violencia extrema sacude al territorio mexicano, cada vez que los medios de comunicación reportan enfrentamientos armados a plena luz del día o masacres que estremecen a la opinión pública, millones de ciudadanos voltean la mirada hacia el sur del continente y escriben un mismo nombre en sus pantallas: Nayib Bukele.
A primera vista, parecería una auténtica locura intentar comparar a una superpotencia latinoamericana de más de 130 millones de habitantes, con una geografía inmensamente compleja y una economía gigantesca, frente a una pequeña nación centroamericana de poco más de seis millones de pobladores.
Sin embargo, la desesperación de la sociedad no entiende de proporciones demográficas ni de Producto Interno Bruto; entiende, por encima de todo, de la necesidad de paz, de vivir sin miedo y de obtener resultados palpables e inmediatos.
El Salvador, un país que durante décadas estuvo asfixiado por las sangrientas extorsiones y el control territorial de las maras y pandillas, ha protagonizado un giro de timón que ha captado la atención del mundo entero.
Lo que comenzó como un polémico plan de seguridad interna, rápidamente se transformó en un referente global.
Las cifras son contundentes y hablan por sí solas: recientemente, el país centroamericano reportó haber alcanzado los 1,227 días sin asesinatos bajo la gestión de su actual mandatario.
La conversación internacional en torno a este pequeño país cambió radicalmente.
De ser considerado uno de los lugares más peligrosos y mortíferos del planeta, pasó a ser un destino donde las calles han recuperado su vitalidad, el turismo florece y los ciudadanos pueden caminar de noche sin temor a perder la vida por cruzar una frontera invisible.
Mientras este “milagro salvadoreño” acapara titulares, México atraviesa una realidad diametralmente opuesta y brutalmente compleja.
Entre enero y febrero de este mismo año, el país norteamericano impuso un nuevo récord en la tasa de homicidios dolosos.
La violencia ejercida por los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado ha alcanzado niveles de poderío y sofisticación armamentística nunca antes vistos.
En México, las organizaciones criminales no son simples bandas callejeras; operan como verdaderos ejércitos paralelos que desafían al Estado de manera frontal.
Ante este panorama, figuras políticas de alto perfil, como la actual presidenta Claudia Sheinbaum, heredan uno de los retos de gobernabilidad más intimidantes del hemisferio.
Ella ha dejado claro que su administración buscará construir la paz apostando por la justicia y atacando las causas sociales, evitando una confrontación frontal al estilo de la vieja y cuestionada “guerra contra el narco”.
Pero para el ciudadano de a pie, la paciencia es un lujo que se agota con cada bala disparada.
El contraste entre la visión de “paz con justicia” y la de “extirpar el crimen de raíz” ha polarizado a la región.
Una analogía recurrente en este debate ejemplifica la frustración popular: si un grupo armado intentara tomar el control de una pequeña esquina en un país como Canadá, sería impensable que el ejército no interviniera de inmediato para neutralizar la amenaza.
Sin embargo, en grandes zonas de México, Colombia o Brasil, poderosos grupos delincuenciales controlan territorios enteros.
Como se ha argumentado fervientemente en este debate, si un Estado no puede vencer a la criminalidad territorial, es porque el propio Estado es cómplice, o al menos partes fundamentales de su estructura institucional lo son.
La premisa central del modelo salvadoreño se basa precisamente en ese argumento de fuerza legítima.
Nayib Bukele ha sostenido en reiteradas ocasiones que no existe en el mundo una organización criminal que pueda superar en fuerza y recursos a un Estado soberano, siempre y cuando este decida actuar sin contemplaciones ni complicidades.
Y las autoridades de El Salvador respaldan esta retórica con acciones operativas incesantes que no dan respiro a la delincuencia, expandiendo su redada más allá de los pandilleros tradicionales para asestar golpes letales al narcotráfico y al narcomenudeo local.
Los resultados recientes de estas operaciones son asombrosos y envían un mensaje lapidario a las estructuras delictivas.
En operativos simultáneos a lo largo y ancho de El Salvador, las autoridades han desarticulado importantes redes de tráfico de drogas que financiaban al crimen urbano.
En la colonia Altamira, en San Salvador, las fuerzas del orden capturaron a un grupo de personas incautándoles metanfetamina con un valor superior a los 4,000 dólares.
Paralelamente, en la zona de Santa Ana, en el residencial Valladolid, cayó otra banda vinculada al narcomenudeo, perdiendo cargamentos de marihuana valorados en 24,000 dólares y metanfetamina por otros 2,000 dólares.
El golpe al narcotráfico no se ha detenido ahí.
Las redes de distribución a mayor escala también están cayendo como fichas de dominó bajo el régimen actual.
En intervenciones recientes, criminales como Irvin Stanley Vanegas, Karen Marcela Ávila y Gustavo Heriberto Coto fueron arrestados en posesión de cinco kilogramos de cocaína de alta pureza, valorados en más de 63,000 dólares, además de decomisarles casi 16,000 dólares en efectivo y varios vehículos de lujo utilizados para sus operaciones ilícitas.
Asimismo, figuras como Rudy Valmore Candelario Ibarra fueron interceptadas movilizando drogas por valor superior a los 31,000 dólares, combinando metanfetaminas, cocaína y marihuana.
Todo esto evidencia un aparato estatal que trabaja de forma sincronizada, sistemática y despiadada contra quienes vulneran la ley, arrestando incluso a distribuidores menores que utilizan aplicaciones de reparto a domicilio para mover narcóticos, como fue el caso de Jonathan Adonay Bates Cruz en el estigmatizado reparto de La Campanera, en Soyapango.
Pero más allá de los arrestos y decomisos, lo que verdaderamente consolida el clamor por el “Efecto Bukele” es la contundencia de su sistema de justicia, un eslabón históricamente frágil e inoperante en el resto de Latinoamérica.
El Estado salvadoreño ha dejado de jugar al ratón y al gato con las pandillas para pasar a una etapa de condenas masivas.
En procesos judiciales sin precedentes, decenas de miembros de diferentes clicas están siendo enviados a prisión por décadas.
En una sola audiencia en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, 60 miembros de la “Mara Salvatrucha” (MS-13), pertenecientes a la clica “Walter Loco Salvatrucho”, enfrentaron a la justicia enfrentando cargos devastadores tras ser capturados gracias al régimen de excepción.
En la zona oriental del país, el peso de la ley fue aún más abrumador.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel dictó un fallo histórico al encontrar culpables a 112 sujetos pertenecientes a la letal estructura “Molinos Locos Salvatruchos” de la MS-13, responsables de regar de terror y sangre los distritos de Usulután, Tecapán y Ozatlán entre los años 2018 y 2023.
La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y testimoniales irrefutables que derivaron en sentencias de hasta 45 años de cárcel ininterrumpida.
Entre los condenados figuraban todas las jerarquías de la red criminal: 30 “homeboys” o líderes, 12 “chequeos”, 39 “paros” y 31 colaboradores externos.
Al barrer con toda la estructura operativa y logística, El Salvador asegura que estas organizaciones no puedan reestructurarse desde las sombras.
Frente a esta apabullante narrativa de orden y castigo, es inevitable que el ciudadano mexicano, asediado por el cobro de piso, los secuestros y los balaceras intermitentes, se haga una profunda reflexión.
La verdadera cuestión de fondo no radica simplemente en si México puede o no copiar de manera milimétrica las leyes de excepción salvadoreñas.
El núcleo del debate yace en comprender por qué la sociedad civil está tan sedienta de justicia punitiva que está dispuesta a exigir medidas drásticas de fuerza gubernamental.
La figura de Nayib Bukele y su sombra política en la región representan dos caminos fundamentalmente distintos frente al que quizás sea el problema más enquistado de América Latina.
Mientras el nuevo liderazgo en México, encarnado por Claudia Sheinbaum, busca equilibrar la estabilidad democrática de una nación colosal y labrar la paz a través de políticas sociales, la frustración ciudadana alimenta la fascinación por la mano dura y los resultados inmediatos.
La discusión acaba de comenzar y difícilmente desaparecerá de la agenda pública a corto plazo.
¿Estamos ante la claudicación de la política de abrazos o frente al peligroso inicio de una nueva doctrina de mano de hierro continental? Las cartas están sobre la mesa, y millones de vidas dependen de la respuesta.
