El panorama político en México ha entrado en una fase de turbulencia sin precedentes.
Lo que comenzó como una serie de fricciones entre el Ejecutivo Federal y ciertos actores del sector privado, principalmente el conglomerado de TV Azteca, ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento multidimensional que pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El reciente intento desde Palacio Nacional de boicotear a uno de los medios de comunicación más influyentes del país no solo ha fracasado en sus objetivos, sino que ha proyectado una imagen de debilidad y aislamiento que, combinada con crecientes tensiones internacionales, plantea interrogantes sobre la viabilidad del rumbo político actual.
La estrategia de comunicación de Palacio Nacional, operada en gran medida por Jesús Ramírez Cuevas —figura constantemente señalada por analistas y agencias de inteligencia como el arquitecto de una narrativa que busca confrontar, dividir y, en última instancia, censurar—, parece estar enfrentándose a un “efecto bumerán”.
Al pedir abiertamente a los ciudadanos que ignoren a TV Azteca, el gobierno no solo ha provocado una reacción contraria, sino que ha regalado a la televisora una plataforma de visibilidad masiva.
Los índices de audiencia, lejos de caer, han repuntado, alimentados por una curiosidad ciudadana que ve en este boicot un intento de censura que desafía la libertad de elección.
El arquitecto de la discordia
Detrás del discurso de la “mujer prohibida” y los ataques sistemáticos contra la prensa, las voces críticas señalan a Jesús Ramírez Cuevas como el estratega detrás de una agenda que se aparta de los intereses nacionales.
Los señalamientos contra su equipo son graves y apuntan a la apertura de puertas hacia influencias extranjeras que poco tienen que ver con la soberanía que tanto se predica desde el atril presidencial.
La presencia de redes de influencia rusas, la incursión de grupos como la red de Pablo Iglesias y la supuesta vinculación con servicios de inteligencia cubanos como el G2, han sembrado dudas sobre la verdadera naturaleza de la narrativa de “independencia” que intenta vender el gobierno.
La prohibición, como toda tentación humana, ha generado el efecto opuesto: la ciudadanía, lejos de acatar el mandato presidencial, ha buscado las fuentes prohibidas, exponiendo la fragilidad de un gobierno que confía más en la censura que en la capacidad de convencer.
Este fenómeno recuerda capítulos oscuros de la política mexicana, donde el uso de sindicatos y presiones gremiales para intentar controlar el flujo de información terminó erosionando la legitimidad de presidentes anteriores.
La historia parece estar repitiéndose, y las señales indican que el costo político para Palacio Nacional será, nuevamente, insostenible.
El caso Chihuahua: un disparo al propio pie
Si el boicot a los medios fue un error táctico, la gestión de la crisis en Chihuahua con la gobernadora Maru Campos ha sido una tragedia estratégica.
Al intentar politizar una operación que involucró fuerzas federales y operativos internacionales contra el fentanilo, el gobierno ha logrado proyectar a la gobernadora no como una enemiga, sino como una figura de resistencia.
La citación a declarar contra la gobernadora, bajo un esquema que muchos expertos en derecho han calificado como una farsa judicial, ha expuesto la falta de respuestas sobre la presencia de operativos de inteligencia extranjeros en suelo mexicano.
¿Cómo puede el Ejecutivo Federal ignorar o alegar desconocimiento sobre los vuelos de drones de la CIA que sobrevuelan el territorio nacional durante meses? La presidenta, en su calidad de Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, no puede deslindarse de las operaciones en las que incluso participó personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al elegir la ruta de la “omisión” o la “ignorancia” para evitar asumir responsabilidades, el gobierno se ha colocado en una posición insostenible.
El papel de Javier Corral: el aliado inesperado
El conflicto también ha dejado al descubierto las contradicciones morales de figuras como Javier Corral.
El exgobernador de Chihuahua, otrora abanderado de la lucha contra la corrupción y defensor de la democracia, hoy aparece como un ejecutor de los intereses de Morena.
Este giro, que muchos sectores de la sociedad chihuahuense han calificado como una traición a sus propios principios, ilustra la naturaleza de un proyecto político que está dispuesto a sacrificar cualquier legado con tal de asegurar protección ante el escrutinio judicial por sus gestiones pasadas.
Lo que empezó como un intento de desmantelar la plataforma de Maru Campos se ha convertido en una pasarela política para la gobernadora, quien ha logrado navegar la tormenta judicial con asesoría legal experta, logrando que el “tiro saliera por la culata” al gobierno federal.
Lejos de arredrarse, Campos se ha posicionado en el centro del debate nacional, recordándole a Palacio Nacional que la plataforma de oposición no solo existe, sino que está ganando terreno frente a la desesperación de un equipo que, claramente, no sabe cómo gestionar una crisis de esta magnitud.
La sombra de Washington y el dilema de la soberanía
El escenario internacional es, quizá, la mayor vulnerabilidad para el gobierno mexicano.
Las tensiones con Washington no se limitan a roces diplomáticos; implican una desconfianza sistémica.
La cancelación de visitas de funcionarios de alto nivel, la interrupción del diálogo sobre seguridad y el endurecimiento de la retórica estadounidense sobre los cárteles de la droga —a los que ya se empieza a tratar con la lógica de organizaciones terroristas— son claros mensajes de alerta.
La presidenta Sheinbaum parece estar atrapada en un dilema: seguir el libreto de una narrativa populista que le dicta un equipo de comunicación que privilegia el conflicto, o retomar la responsabilidad de Estado que implica una relación pragmática y seria con el principal socio comercial del país.
La postura de “Poncio Pilatos” —el decir “no me informaron”, “pregúntenle a la fiscalía”, “yo no sé qué pasa en mi territorio”— es una evasión que, en términos diplomáticos, tiene consecuencias graves.
Estados Unidos no está esperando explicaciones sobre si Maru Campos sabía o no de un laboratorio de fentanilo; Estados Unidos está exigiendo respuestas sobre por qué el territorio mexicano es utilizado como un santuario para la operación de grupos que están, literalmente, aniquilando a la sociedad estadounidense con el consumo de drogas sintéticas.
Hacia una revocación o el desplome de la narrativa
El ambiente político se vuelve cada vez más asfixiante para el equipo de Palacio Nacional.
Las teorías sobre una posible revocación de mandato ya no son solo susurros en los pasillos, sino un tema que comienza a permear en los análisis de riesgo político.
La incompetencia para gestionar crisis, sumada a la posibilidad de que el propio equipo de comunicación esté orquestando un escenario para que el proyecto fracase —ya sea por ineptitud o por un complejo complot interno—, ha dejado a la presidenta en un lugar solitario.
Es momento de que la presidenta abra los ojos.
La “mirada de mujer” que prometió su campaña debe ser una mirada que identifique a los verdaderos enemigos del país y a los falsos asesores que la están aislando en una burbuja de censura y propaganda.
La producción de un gobierno no puede ser comparable con una telenovela de bajo presupuesto; las consecuencias de los errores actuales tienen nombres, apellidos y costos sociales que afectan a millones de mexicanos.
Si el gobierno no corrige el rumbo, si sigue optando por los brazos de ideólogos radicales como Epigmenio Ibarra, cuya producción mediática parece estar desconectada de la realidad social, el colapso será inevitable.
La soberanía no se defiende con discursos, se defiende con resultados, con seguridad jurídica y con una gestión transparente que no tenga que recurrir a la censura para ocultar sus propias carencias.
El tiempo de la narrativa épica ha terminado; México exige, ante todo, un gobierno capaz de ver hacia adelante, de corregir sus errores y, sobre todo, de dejar de ver a sus ciudadanos como audiencias que deben ser manipuladas, sino como personas con el derecho legítimo a la información y a la verdad.
