El reciente episodio protagonizado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece extraído de una narrativa de suspenso político donde las evidencias son el elemento más escaso.
Tras semanas de especulaciones sobre su paradero y su situación jurídica ante las crecientes investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, Rocha Moya apareció —o mejor dicho, su cuenta de Twitter apareció— para asegurar que había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.
Sin embargo, en el mundo real, nadie vio al gobernador entrar a las instalaciones, ningún medio de comunicación captó la imagen del momento y la supuesta “frente en alto” con la que dice haber acudido a declarar se siente más como una puesta en escena digital que como un acto de justicia.
La Comparecencia que Nadie Vio
La estrategia de comunicación del gobierno de Sinaloa parece estar diseñada para el consumo de quienes prefieren la narrativa oficial sobre la verificación de los hechos.
El mensaje, difundido con la retórica habitual de “saneamiento” y “legitimidad” de la Cuarta Transformación, busca calmar las aguas mientras la tormenta, proveniente del norte, es cada vez más intensa.
Pero, ¿puede un gobernador señalado internacionalmente simplemente publicar un tweet y esperar que la ciudadanía acepte su palabra como verdad absoluta?La falta de evidencia visual es, en sí misma, una declaración.
En un país donde la transparencia es un derecho, el que un funcionario de este nivel comparezca en la sombra, sin la presencia de la prensa o registros independientes, genera más preguntas que respuestas.
Si no hay nada que esconder, ¿por qué el secretismo? La respuesta parece residir en una protección que llega hasta Palacio Nacional.
El Escudo de la 4T
El análisis es claro: Rocha Moya no está solo.
Su permanencia y la aparente inmunidad de la que goza son síntomas de una estructura que ha decidido proteger a sus integrantes a cualquier costo.
Según expertos y analistas, la razón de esta protección es una cuestión de supervivencia.
La entrega de Rocha Moya a las autoridades de los Estados Unidos abriría una caja de Pandora.
Si el gobernador hablara, las repercusiones podrían alcanzar las esferas más altas del poder, incluyendo a figuras clave del actual y pasado gobierno, cuya relación con los recursos provenientes de actividades ilícitas es un secreto a voces que las cortes estadounidenses ya están empezando a documentar.
El gobierno ha optado por el camino más peligroso: la negación sistemática.
Prefieren arriesgar la relación diplomática y económica con el principal socio comercial de México antes que permitir que la verdad salga a la luz.
Este “narcogobierno”, como lo califican voces críticas, no solo protege a sus delincuentes; los condecora, los escuda y utiliza el aparato del Estado para desviar la atención hacia temas que no tienen la trascendencia de una acusación de colusión con el narcotráfico.
La Puesta en Escena de la Justicia
La comparecencia de Rocha Moya es paralela a otras acciones que parecen parte de una obra de teatro diseñada para confundir.
Recordemos los eventos en Sinaloa, donde las versiones sobre el fallecimiento de figuras políticas locales fueron cambiando hasta ser insostenibles.
Cada vez que la realidad los alcanza, se ven obligados a una “reculada” oficial, ofreciendo una nueva versión que, aunque igual de increíble que la anterior, sirve para ganar tiempo.
Esta táctica de distracción no es nueva, pero su escala ha alcanzado niveles alarmantes.
Mientras el país exige una investigación seria sobre los hechos de violencia, la respuesta es una cortina de humo legislativa o mediática.
El caso de Maru Campos en Chihuahua, utilizado como un “distractor” por la oposición y el oficialismo por igual, ha sido el centro de una lucha donde la impunidad parece ser el verdadero ganador.
La Sombra de la Extradición y el Riesgo País
El gobierno sabe que la negativa a colaborar con las solicitudes de extradición desde los Estados Unidos tiene un precio.
La arrogancia de creer que pueden sostener este desafío indefinidamente ignora las consecuencias económicas y de seguridad que esto conlleva.
La “soberanía” que defienden no es la de la nación; es la soberanía de los grupos de poder que se han incrustado en el Estado.
¿Quién pagará el costo de esta decisión? No serán los políticos protegidos, sino los ciudadanos.
La incertidumbre jurídica, el riesgo de sanciones y el estancamiento de la inversión son solo algunos de los efectos secundarios de defender a los “narcoaliados”.
La pregunta que deben hacerse en Palacio Nacional es cuánto tiempo más podrán sostener este equilibrio antes de que el peso de las pruebas —que ya existen, que ya están documentadas y que involucran a gente detenida en el extranjero— sea simplemente innegable.
El “Huachicol” en las Campañas y el Silencio de los Cómplices
La podredumbre no es nueva.
Desde el 2021, la entrada de recursos provenientes de actividades como el huachicol en las campañas electorales de Morena ha sido documentada por periodistas de investigación y analistas.
La lista de nombres involucrados, desde gobernadores hasta asesores cercanos a la cúpula del partido, es una muestra del “cochinero” que se ha montado.
Sin embargo, existe una red de protección selectiva: se sacrifican las piezas menores, los “sobrinos” o los operadores de campo, mientras se protege a quienes estrecharon la mano de los capos para asegurar el triunfo.
Estamos ante un sistema donde, si denuncias, mueres; y si eres parte de la estructura, gozas de impunidad.
La situación en Sinaloa es el espejo de lo que ocurre en gran parte del territorio nacional, donde la línea entre la autoridad y el crimen organizado ha dejado de existir.
¿Qué sigue para México?
La reaparición fantasmagórica de Rocha Moya no es el final de la historia, sino el preámbulo de una crisis más profunda.
La sociedad mexicana se encuentra en un momento decisivo.
La indignación es palpable, pero debe traducirse en una exigencia de rendición de cuentas que no acepte comparecencias invisibles ni tweets como sustitutos de la justicia.
La historia juzgará este periodo no por las grandes obras prometidas, sino por la integridad de sus instituciones.
Si el gobierno actual persiste en proteger a sus aliados a costa de la verdad y la paz, estará condenando al país a un ciclo de violencia y opacidad del que será muy difícil salir.
Por ahora, mientras Rocha Moya sigue “gobernando” desde la comodidad de la impunidad, el país espera.
Espera que la justicia llegue de donde menos se lo esperan, porque aquí, en casa, la puerta de la Fiscalía parece estar cerrada con llave para quienes deberían estar detrás de las rejas.
