El actual y todavía presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido cruzar una línea roja en la historia democrática de su país, comportándose no como el estadista que prometió ser, sino como un auténtico golpista institucional.
En un movimiento que recuerda a los episodios más oscuros de la política latinoamericana,
el mandatario se ha negado rotundamente a aceptar el resultado adverso de las urnas.
En lugar de reconocer la voluntad popular, ha optado por el camino de la desinformación, divulgando y alimentando de manera irresponsable el peligroso bulo de que se ha cometido un fraude electoral masivo en contra de su facción política.
Esta actitud no solo dinamita la confianza en las instituciones colombianas, sino que revela la profunda desesperación de un líder político que ve cómo su legado se desmorona ante sus propios ojos.
La desesperación de Gustavo Petro no es producto de la casualidad ni de un simple revés temporal; es la consecuencia directa de una lectura política insoslayable.
Como se ha venido analizando a lo largo de las últimas semanas, la innegable victoria en las urnas del candidato conservador Abelardo de la Espriella representa, en la práctica y en el simbolismo, una derrota personal y política absoluta para Gustavo Petro.
El voto de los ciudadanos no ha sido únicamente una elección entre dos candidatos presidenciales, sino una auténtica enmienda a la totalidad de los cuatro años de mandato de Petro.
Los colombianos han acudido a los centros de votación para emitir un juicio severo sobre su gestión, sus políticas, su estilo de liderazgo y las promesas incumplidas que caracterizaron su gobierno.
Gustavo Petro es plenamente consciente de este rechazo visceral.
Su sagacidad política, la misma que lo llevó al Palacio de Nariño, le permite hacer esa misma lectura devastadora.
Sin embargo, su enorme ego político y su incapacidad crónica para la autocrítica le impiden reconocer públicamente que su gobierno ha sido un rotundo y absoluto fracaso.
Atrapado en este laberinto de negación, la única salida narrativa que le queda para intentar salvar los muebles —aunque sea a costa de autoengañarse de forma patética y tratar de engañar a millones de ciudadanos— es fabricar y difundir la falsedad de que ha habido un fraude electoral orquestado en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El relato que Petro intenta instaurar en la psique colectiva de sus seguidores es tan predecible como peligroso.
Su discurso subyacente viene a decir: “En verdad hemos ganado, porque mi gobierno ha sido excelente y el pueblo me adora, pero la oscura derecha golpista ha manipulado los resultados para arrebatarnos la victoria”.
Esta lógica victimista y exculpatoria es exactamente la misma excusa que pondría un niño pequeño cuando suspende estrepitosamente un examen y, para evadir el castigo y la vergüenza, les dice a sus padres que el profesor le tiene manía y lo ha calificado injustamente.
Es una huida hacia adelante que carece de cualquier madurez política y sentido de responsabilidad institucional.
Recordemos la cronología de esta narrativa de la conspiración.
La misma noche de los comicios, cuando los primeros datos reales comenzaron a perfilar la contundente victoria de Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro recurrió rápidamente a su herramienta favorita de agitación: su perfil oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
A través de esa plataforma, lanzó un mensaje incendiario en el que afirmaba categóricamente que no aceptaba el resultado electoral.
Y no lo aceptaba no porque existieran evidencias palpables de irregularidades, sino simplemente porque el resultado no le gustaba.
No lo aceptaba porque la izquierda había perdido de manera democrática frente a la propuesta de De la Espriella.
¿Qué pruebas sólidas, tangibles y jurídicamente válidas tenía en ese preciso momento Gustavo Petro para dudar de la integridad de los resultados electorales? Absolutamente ninguna.
Su denuncia era un mero berrinche disfrazado de indignación democrática.
Tan evidente era la falta de fundamento en las acusaciones del presidente, que el propio candidato de su sector político, Iván Cepeda, protagonizó uno de los episodios más humillantes de esta saga.
Esa misma noche electoral, arrastrado por el pánico de la derrota y siguiendo la línea marcada por el presidente, Cepeda también había salido a denunciar vehementemente un supuesto fraude electoral.
Sin embargo, la realidad de los números y la solidez del sistema hicieron insostenible esa postura en tiempo récord.
Al día siguiente, Iván Cepeda tuvo que realizar una bochornosa rectificación.
Como reza el dicho popular, tuvo que “bajarse del burro” —o más bien, el burro se bajó de él— para reconocer públicamente ante los medios de comunicación y sus votantes que, tras revisar los datos con cabeza fría, no habían encontrado indicios suficientes, ni pruebas materiales de ningún tipo, que sostuvieran la teoría de un fraude electoral estructural en esas elecciones.
Fue un baño de realidad que debería haber cerrado el capítulo de la conspiración de manera definitiva.
Pero, al parecer, el “burro” de la negación sigue profundamente instalado en la mente de Gustavo Petro.
Lejos de seguir el camino de la sensatez marcado por la rectificación de su propio candidato, el presidente se ha negado a apearse de ese bulo tóxico.
Es imperativo recordar que quien lanza estas acusaciones no es un activista exaltado y anónimo que se pone a gritarle a las nubes desde la más absoluta irrelevancia política y social.
Estamos hablando del todavía presidente de la República de Colombia, el jefe de Estado, el hombre que debería ser el principal garante de la estabilidad institucional y la paz social del país.
A pesar de la orfandad en la que quedó su teoría tras la retirada de Cepeda, ayer mismo Gustavo Petro decidió redoblar su apuesta irresponsable y volvió a la carga para hablar extensamente de fraude electoral.
En un intento de dotar de un barniz técnico y pseudocientífico a su pataleta, Petro presentó una serie de “datos” con los que pretendía desenmascarar el gran complot de la derecha.
Es vital analizar con detalle quirúrgico cuáles son esos supuestos datos de los que habla Petro, para comprender la magnitud de la manipulación que está intentando ejecutar desde la más alta magistratura del país.
En primer lugar, el presidente afirmó que el software de preconteo, una pieza fundamental en la arquitectura de transmisión rápida de resultados, fue alterado maliciosamente en dos ocasiones exactamente cinco días antes de las elecciones.
Según sus “investigaciones”, la primera alteración irregular ocurrió a la 1:21 de la madrugada y la segunda a las 7:21 de la mañana.
Con esta acusación, Petro insinuaba que unos hackers o técnicos corruptos habían modificado el código fuente para desviar votos a favor de De la Espriella.
En segundo lugar, denunció que se había inflado de manera fraudulenta el censo electoral.
Según las cifras esgrimidas por el mandatario, el padrón oficial pasó mágicamente de 41,4 millones de personas a 42,3 millones.
Es decir, acusó a las autoridades de haber incrementado el censo electoral en casi un millón de “votantes fantasma” que, presumiblemente, habrían sido utilizados para engordar los apoyos de la oposición, y todo esto, subrayó Petro, se hizo fuera de cualquier plazo legal permitido.
En tercer lugar, Petro argumentó que, de manera clandestina y sospechosa, se incrementaron los puestos y las mesas de votación en todo el país.
Su denuncia señalaba que el día de las elecciones aparecieron súbitamente 700 puestos de votación adicionales y un alarmante número de 10.000 mesas más, muchas de ellas, según él, operando supuestamente sin ningún tipo de fiscalización por parte de interventores o testigos electorales de la izquierda.
Y por último, para coronar su entramado conspirativo, Petro adjuntó y publicó un documento de Excel que supuestamente contenía la “prueba reina” del robo: una muestra de 5.300 mesas de votación que él calificó como “atípicas”.
Según su análisis, en estas 5.300 mesas se concentraba de manera antinatural y estadísticamente imposible la ventaja abrumadora de votos de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.
En otras palabras, Petro sugería que esas 5.300 mesas detalladas en su Excel constituían la zona cero del crimen, el epicentro operativo donde se habría materializado el grueso del fraude electoral que estaba denunciando ante el mundo.
Pues bien, ante semejante batería de acusaciones, es necesario afirmar con total rotundidad y con los datos empíricos en la mano que Gustavo Petro miente descaradamente en absolutamente todo lo que ha expuesto.
Su narrativa no resiste el más mínimo análisis técnico, jurídico o lógico.
Y quien se ha encargado de desmontar esta gigantesca farsa no ha sido un partido de la oposición, ni un medio de comunicación sesgado, sino la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este organismo independiente, el pilar técnico encargado constitucionalmente de organizar, coordinar y garantizar la limpieza de estas elecciones, no tardó en reaccionar ante los ataques del ejecutivo.
Hace apenas unas horas, la Registraduría ha emitido una contundente, detallada y técnica nota de prensa en la que refuta, aplasta y pulveriza, uno a uno, los endebles argumentos de fraude electoral esgrimidos irresponsablemente por Petro.
Analicemos la demolición de estas falsedades paso a paso, tal como lo ha clarificado la Registraduría, para entender cómo se construye una mentira de Estado y cómo las instituciones sólidas son la única defensa contra la autocracia.
Comencemos con el primer punto: el supuesto hackeo o alteración del software informático.
La Registraduría fue tajante: no hubo absolutamente ninguna modificación, alteración o inyección de código malicioso en el software de preconteo.
La explicación técnica es tan sencilla que avergüenza la ignorancia o la mala fe del presidente.
Esas dos precisas marcas horarias que cita Petro con aires de investigador privado —la marca de la 1:21 y la marca de las 7:21 del día 26 de mayo— no corresponden a una intrusión informática.
Son, simple y llanamente, el registro automatizado del momento exacto en el que el sistema empaquetó y entregó formalmente a los auditores informáticos de todos los partidos políticos los archivos íntegros con los datos electorales.
Estos archivos contenían la estructura de la base de datos: el censo, el listado de puestos y la distribución de las mesas.
Esta entrega de información no es un acto subrepticio, sino un paso obligatorio, rutinario y transparente diseñado precisamente para que los auditores de todas las campañas, incluidos los del partido de Petro y Cepeda, pudieran fiscalizar exhaustivamente el proceso informático antes del día D.
La marca de fecha y hora que registra el sistema es la huella digital de esa entrega para la auditoría, de ninguna manera es el registro de un cambio, alteración o corrupción en la matriz del software informático.
Confundir un “log” de exportación de datos para auditoría con un “hackeo” demuestra una analfabetización tecnológica severa o, peor aún, una intención deliberada de manipular a las masas que desconocen el funcionamiento de las bases de datos institucionales.
Pasemos al segundo gran pilar del bulo presidencial: el supuesto inflado fraudulento del censo electoral.
Petro afirmó que apareció casi un millón de votantes extraídos de la nada.
La Registraduría ha respondido a esto con la contundencia de los documentos firmados.
El censo electoral oficial y definitivo de Colombia es de 41,4 millones de personas, exactamente la cifra inicial.
Este censo no fue un secreto guardado bajo llave; fue validado, revisado y aceptado por absolutamente todos los partidos políticos contendientes.
El proceso de consolidación del padrón electoral tiene unos tiempos estrictos.
El censo definitivo se cerró inamoviblemente el 30 de abril.
Ese mismo día, en un ejercicio de transparencia absoluta, la Registraduría convocó una reunión técnica presencial a la que asistieron los representantes de todas las campañas presidenciales.
En esa reunión, no solo se les presentó el censo de 41,4 millones, sino que los delegados de Petro y Cepeda, junto con los demás, firmaron un acta oficial y legal confirmando que habían recibido la información, que estaban conformes y que no había objeciones.
Pero la transparencia no terminó ahí.
Semanas después, el 22 de mayo, la Registraduría fue un paso más allá en sus garantías democráticas y les proporcionó a las campañas acceso directo a una aplicación informática especializada.
Esta herramienta permitía a los técnicos de los partidos comprobar y cruzar datos votante por votante, verificando con exactitud el colegio y la mesa donde votaba cada uno de los 41,4 millones de ciudadanos inscritos.
En resumen, el relato de Petro se desvanece ante la firma de sus propios representantes.
No hubo ninguna adición de 900.000 personas de última hora, no hubo ningún censo secreto y paralelo operando en las sombras, sencillamente porque el padrón oficial se compartió de manera exhaustiva y todos los actores políticos lo validaron formalmente antes de que se imprimiera la primera papeleta.
El tercer alegato de la conspiración petrista hacía referencia a las mesas y puestos de votación “fantasma”.
Petro acusó la aparición repentina de 10.000 mesas adicionales sin fiscalización.
La explicación de la Registraduría a este supuesto misterio expone el alarmante desconocimiento que tiene el presidente sobre la logística electoral de la nación que dirige.
Resulta que esas casi 10.000 mesas que Petro contabiliza como “de más” o “ilegales” son, esencialmente y en su inmensa mayoría, las mesas instaladas en el exterior del país.
El domingo de las elecciones, en el territorio nacional de Colombia se desplegaron y operaron un total de 120.527 mesas de votación.
Sin embargo, la legislación colombiana, para facilitar el derecho al sufragio de su gran diáspora, estipula que los ciudadanos en el exterior votan con anticipación.
El proceso en el extranjero se había llevado a cabo cinco días antes de ese domingo crucial, concretamente entre el 25 y el 30 de mayo.
Para ese operativo internacional se habilitaron casi 10.000 mesas en consulados y embajadas de todo el mundo.
Por lo tanto, el “escándalo” de las mesas adicionales que denuncia a gritos Petro surge de un error aritmético tan básico que resulta grotesco: el presidente, o su incompetente equipo de asesores, simplemente omitió sumar a las mesas del interior del país las mesas habilitadas legítimamente en el exterior.
No es que la mañana del domingo, en el interior del país, surgieran de la nada mesas fantasma en selvas o montañas, ocultas a los ojos del mundo y no controladas por nadie.
No hubo ningún despliegue clandestino de urnas.
El monumental desfase logístico que el presidente creyó haber detectado, el cual esgrimió como prueba irrefutable de un golpe de Estado técnico, son simple y llanamente las mesas legales y constitucionales utilizadas para que la comunidad colombiana residente fuera del territorio nacional ejerciera su derecho al voto.
Y llegamos al cuarto y último punto de la desesperada defensa de Petro: el famoso documento de Excel y su sospechosa muestra de 5.300 mesas “atípicas”, donde supuestamente la participación superó el umbral de los 300 votantes y donde De la Espriella arrasó de manera fraudulenta.
Aquí, la Registraduría volvió a dar una lección de normativa electoral básica que dejó en evidencia la mala fe del mandatario.
De nuevo, no existe absolutamente ninguna anomalía estadística ni operativa.
La premisa de Petro parte de una ignorancia deliberada sobre los límites de aforo de las urnas.
Según el diseño logístico de la Registraduría, cada mesa electoral no tiene un límite universal y restrictivo de 300 personas como asume el Excel presidencial.
Por el contrario, la capacidad varía según la densidad poblacional y la infraestructura.
En los pueblos y cabeceras municipales estándar, el censo admite hasta 360 votantes por mesa.
Pero en las grandes urbes y en los centros de votación masiva de alta densidad, como el gigantesco complejo de Corferias en Bogotá, el límite se expande significativamente, permitiendo entre 500, 800 o incluso hasta más de 1.000 votantes censados por mesa para optimizar el espacio y los recursos.
Este diseño de topes y aforos por mesa no fue una decisión improvisada de última hora para meter votos falsos.
Esos límites, capacidades y distribuciones se habían publicado oficialmente con semanas de antelación, concretamente el 4 de mayo, mediante las resoluciones públicas número 4601 y 4602.
Como dictan los protocolos de transparencia, estas resoluciones, con el desglose exacto de cuántos votantes iban por mesa, se entregaron puntualmente a todos los partidos políticos.
En consecuencia, las campañas, incluida la de Iván Cepeda y Gustavo Petro, los conocían a la perfección, los analizaron y los validaron sin presentar impugnaciones en su momento.
Por todo ello, desde el punto de vista normativo y matemático, no tiene absolutamente nada de anómalo, sospechoso ni fraudulento que existan más de 5.000 mesas a lo largo y ancho del país que concentren más de 300 votos.
Es un comportamiento natural del electorado en mesas diseñadas precisamente para recibir hasta 360, 500 o más sufragios.
Pero el análisis de las 5.300 mesas no termina en la simple desestimación por desconocimiento de aforos.
La realidad del escrutinio le deparaba una humillación aún mayor a la narrativa de Gustavo Petro.
Ocurre, de manera reveladora, que todas esas mesas que el presidente catalogó de “atípicas” y donde supuestamente se orquestó el gran robo de la voluntad popular, ya han pasado por el riguroso filtro del recuento oficial.
Estas urnas han sido revisadas exhaustivamente, papeleta por papeleta, acta por acta, de manera manual ante jueces de la República en el seno de unas 3.000 comisiones escrutadoras desplegadas por todo el territorio nacional.
En este nivel de revisión judicializada, cualquier manipulación grosera queda en evidencia.
Los resultados de este escrutinio final y definitivo arrojaron que, efectivamente, hubo un desfase de votos entre la información preliminar transmitida la noche electoral (el preconteo) y los resultados consolidados y definitivos validados por los jueces.
Es un fenómeno normal, aunque en este caso el desfase fue estadísticamente muy escaso.
Sin embargo, el golpe de gracia para el bulo de Petro es la dirección de ese desfase.
El error de conteo que detectaron las comisiones escrutadoras, ¡vaya por dónde!, resultó ser a favor de Abelardo de la Espriella, no en su contra.
Es decir, que en la inmediatez y la premura del preconteo del domingo por la noche, a De la Espriella se le asignaron y transmitieron menos votos de los que legítimamente había obtenido y que finalmente le han sido reconocidos y certificados en el recuento oficial y manual de esas mesas.
Dicho de otra manera y para que quede meridianamente claro: de haber existido algún tipo de fraude estructural, error sistemático o manipulación algorítmica en esas famosas 5.300 mesas denunciadas por Petro, no habría sido un fraude orquestado a favor de De la Espriella para robarle la elección a la izquierda, sino, paradójicamente, un error que estaba perjudicando al candidato conservador y que virtualmente operaba a favor de acortar distancias para Iván Cepeda.
La narrativa de la victimización de Petro queda así sepultada bajo el peso insobornable de la evidencia material.
Si damos un paso atrás y analizamos la perspectiva histórica reciente, la hipocresía de la postura de Gustavo Petro resulta francamente pasmosa.
Acordaos de un detalle fundamental: la primera gran denuncia apocalíptica que hizo Gustavo Petro en la noche electoral, cuando salió airadamente a comunicar a la nación que se negaba a aceptar los resultados democráticos, se basó en un argumento central.
Petro afirmó que el proceso de preconteo carecía de garantías porque lo estaba llevando a cabo una empresa privada contratada por el Estado, la cual utilizaba un software que, según él, era un sistema de “caja negra” potencialmente manipulado por intereses oscuros ajenos a la voluntad popular.
Lo que Petro obvió mencionar deliberadamente en ese momento de furia histriónica es que ese mismo software de preconteo, gestionado por la misma empresa, con los mismos códigos y procedimientos, fue exactamente la misma plataforma tecnológica que en el año 2022 procesó los datos, transmitió los resultados y certificó oficialmente su propia victoria electoral para alcanzar la presidencia de la República.
Hace un par de años, cuando los algoritmos y la transmisión rápida de datos le coronaron como vencedor, el sistema era impecable, robusto y un triunfo de la democracia moderna.
Hoy, cuando esos mismos sistemas y procesos certifican la dolorosa derrota de su candidato y el rechazo a su proyecto político, de repente el software se transforma en una herramienta del demonio, el sistema se vuelve corrupto y las instituciones dejan de ser fiables.
Es el clásico comportamiento de manual de quien subordina la legitimidad del sistema democrático única y exclusivamente a sus propios intereses y triunfos electorales.
Y ahora, la realidad post-electoral ha dejado en un callejón sin salida las teorías conspirativas.
Resulta que, tras haber cotejado exhaustivamente y a nivel nacional los datos del polémico preconteo con el meticuloso recuento físico y manual de los votos —un proceso judicialmente supervisado en todo momento y que ha contado con la vigilancia activa y milimétrica de una legión de testigos acreditados por todas las fuerzas políticas, incluyendo a los vehementes testigos de Iván Cepeda y del propio partido de Gustavo Petro (el equivalente a lo que en España denominaríamos como los interventores y apoderados de los partidos que vigilan cada urna)—, la conclusión es incontestable.
Resulta que el desfase real y contabilizado entre la inmediatez informática del preconteo y el pausado rigor del recuento manual de papeletas ha sido prácticamente nulo.
El nivel de coincidencia y precisión del sistema ha demostrado una madurez institucional envidiable.
Esta confirmación empírica significa, sin lugar a dudas, que ya en la misma noche electoral, cuando las urnas apenas comenzaban a enfriarse, Gustavo Petro decidió lanzar una ofensiva frontal para poner en duda el resultado de los comicios sin poseer absolutamente ningún fundamento, sin ninguna base probatoria, sin datos, sin informes de sus propios testigos.
Lo hizo simple y llanamente guiado por la bilis, porque no le gustaba ese resultado, porque la realidad chocaba frontalmente con su ego.
Lo hizo porque, encerrado en la cámara de eco de sus asesores aduladores, él se había convencido ciegamente de que Iván Cepeda iba a quedar primero en las elecciones con un margen holgado.
Su soberbia no le permitía concebir un escenario distinto.
Y no pasó eso.
Y no pasó eso por una razón que en democracia es tan simple como poderosa: a la inmensa mayoría de los ciudadanos colombianos no les ha gustado, no han aprobado y han rechazado de plano la presidencia y el estilo de gobierno de Gustavo Petro.
Por tanto, utilizando la herramienta más contundente que existe en una sociedad libre, han decidido que no quieren imponerse un castigo adicional; no quieren sufrir una “presidencia bis” de Gustavo Petro ejerciendo el poder en la sombra de la mano de un leal escudero como Iván Cepeda.
Las urnas han hablado claro, dictando un fin de ciclo, pero el presidente se tapa los oídos y grita para no escuchar el clamor del pueblo.
Llegados a este punto de extrema tensión política y manipulación gubernamental, es un ejercicio necesario y escalofriante imaginar por un momento qué sucedería hoy en Colombia si Gustavo Petro o su obediente discípulo Iván Cepeda tuviesen, además del poder ejecutivo, un control absoluto y partidista del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría.
Imaginemos un escenario donde las instituciones no fueran organismos independientes defendidos por técnicos y magistrados imparciales, sino apéndices del palacio presidencial.
Básicamente, estamos hablando de imaginar qué ocurriría si Colombia replicara el modelo institucional de lo que sucedía y lamentablemente aún sucede en la vecina Venezuela con el régimen chavista, donde el oficialismo secuestró y controla con mano de hierro el Consejo Nacional Electoral para moldear los resultados a su antojo y conveniencia política.
Si partimos de la base demostrada de que Gustavo Petro está fanática e irracionalmente convencido de que ellos han ganado las elecciones, y que bajo su visión mesiánica “sí o sí” tienen que haberlas ganado, con total independencia y desprecio absoluto de lo que realmente digan y reflejen las papeletas depositadas por los colombianos libres… pues desde luego, si Petro y su banda controlaran en este momento crítico los engranajes del Consejo Nacional Electoral, nadie debería esperar otra cosa que la consumación de un gigantesco y grotesco fraude electoral masivo.
Porque la actitud que estamos presenciando, las mentiras que se están fabricando desde las cuentas oficiales y los intentos de deslegitimar a los árbitros independientes, indican inequívocamente que eso es lo que está intentando acometer Gustavo Petro en estos mismos instantes: voltear a la fuerza, mediante el caos y la desinformación, el resultado válido y soberano de las urnas.
Y lo intenta simplemente porque el veredicto del pueblo le es adverso, porque no soporta la realidad, porque los votos dejan en un doloroso y humillante segundo lugar a su candidato y delfín político.
Es la pataleta de un tirano en potencia que ha chocado contra el sólido muro de la legalidad institucional.
En definitiva, y como conclusión irrefutable tras analizar el desmoronamiento de todas y cada una de sus falsas acusaciones, el balance de este episodio es desolador para la figura del mandatario.
Gustavo Petro no solo ha demostrado ser un pésimo y errático presidente para la República de Colombia en términos de gestión, desarrollo social, estabilidad económica y pacificación del territorio, sino que, de manera mucho más grave para la salud institucional de la nación, en las etapas finales y crepusculares de su presidencia nos está demostrando a las claras, sin máscaras ni retórica populista que lo encubra, que su máxima y más profunda aspiración política es, en realidad, convertirse en un autócrata.
Un líder que, al no poder convencer al pueblo mediante su gestión, intenta someter y quebrar el sistema democrático para no rendir cuentas ante la historia.
Afortunadamente para Colombia, la firmeza de sus instituciones, la claridad de su Registraduría y la vigilancia de una sociedad que no está dispuesta a dejarse arrebatar su libertad, están frenando en seco este desesperado y peligroso intento de golpe a la democracia.
La verdad institucional ha prevalecido sobre la mentira populista.
