En un giro inesperado que sacude los cimientos de la política y la seguridad en México, una crisis sin precedentes se está gestando en las entrañas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no es un caso aislado contra un gobernador o un grupo político local en Sinaloa; representa un misil dirigido al corazón del entramado de poder que, según diversas fuentes e investigaciones, incluye a las Fuerzas Armadas y, de manera preocupante, a figuras clave de la administración anterior, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Este escenario ha desatado una verdadera rebelión interna en el Ejército, donde un nuevo liderazgo, encabezado por el general Ricardo Trevilla, ha decidido romper con el pasado y alinearse de manera contundente con Washington, un movimiento que podría definir el futuro del país y sellar el destino del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario retroceder a los eventos recientes que han encendido las alarmas tanto en México como en Estados Unidos.
Las recientes entregas de exfuncionarios y militares en retiro a las autoridades estadounidenses, en particular la de Enrique Díaz Vega,
exsecretario de finanzas, y la del general en retiro Gerardo Mérida, indican que “todos los caminos llevan a Palenque”, el rancho donde reside el expresidente López Obrador.
La conexión es directa y perturbadora: Gerardo Mérida es un especialista en inteligencia, y la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla, ha salido en defensa de Rocha Moya, afirmando que el nombramiento de Mérida no fue decisión del gobernador, sino de la Sedena.
Sin embargo, la realidad es más compleja; la designación provino de un grupo muy específico dentro del Ejército, liderado por Audomaro Martínez Zapata, entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y Luis Cresencio Sandoval, exsecretario de la Defensa Nacional.
Audomaro Martínez Zapata no es un personaje menor en esta trama.
Durante décadas, fue el principal asesor de seguridad de López Obrador y el “cerebro operador” de una presunta red de corrupción masiva, el llamado “huachicol fiscal”, además de manejar la migración y la venta de pasaportes.
La acusación del Departamento de Justicia de EE.
UU.
sugiere que los acuerdos con facciones del crimen organizado, específicamente los Chapitos en Sinaloa, se pactaron al más alto nivel.
Si Audomaro Martínez Zapata, la mano derecha en materia de inteligencia del expresidente, estuvo involucrado, es inevitable deducir que López Obrador estaba, al menos, al tanto de estas operaciones.
La implicación es devastadora: los acuerdos de protección y los negocios ilícitos habrían estado suscritos y avalados por la presidencia de la República, involucrando a la élite militar en una red de narcotráfico y corrupción a nivel nacional e internacional.
Frente a esta avalancha de acusaciones y revelaciones, la respuesta del nuevo secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, ha sido rápida y contundente.
Trevilla, que pertenece a un grupo militar distinto al de Cresencio Sandoval y Audomaro Martínez, ha implementado una operación de “limpieza” y realineamiento estratégico, marcando distancia total de AMLO y de los presuntos pactos con el crimen.
En cuestión de días, se han llevado a cabo más de 20 cambios de generales en zonas militares, 28 en áreas sumamente delicadas en términos de seguridad nacional.
El objetivo es claro: salvaguardar la institución frente a las acusaciones de corrupción y narcotráfico que pesan sobre sus exlíderes, demostrando a Washington que el Ejército mexicano no tolerará ningún vínculo con el crimen organizado.
Un caso emblemático es el del general Isaac Bravo López en Guadalupe, Zacatecas, quien, tras ser señalado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de favorecer al Mayo Zambada, respondió con un fuerte operativo y detenciones, pero fue removido de su cargo pocos días después, como una señal de la política de “tolerancia cero” que ahora impera en la Sedena bajo el mando de Trevilla.
La situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es quizás el ejemplo más trágico y representativo de cómo este entramado se está desmoronando.
Rocha Moya, presuntamente vinculado a la protección de los Chapitos y a esquemas masivos de lavado de dinero y “huachicol” junto con sus hijos, se encuentra en el ojo del huracán.
Las investigaciones apuntan a que 3,000 millones de pesos habrían sido dispersados a compañías ligadas a su familia, y que estas empresas tienen conexiones con firmas investigadas en Estados Unidos por tráfico de hidrocarburos.
El gobernador sabía que su situación era insostenible, y el atentado contra su nieta en septiembre del año pasado, presuntamente vinculado a una disputa con grupos criminales por el control del tráfico de hidrocarburos a través de empresas fachada, fue una clara advertencia de que la bomba estaba a punto de estallar.
Ahora, con las autoridades estadounidenses cerrando el cerco y con el Ejército dándole la espalda, su futuro parece estar decidido; Rocha Moya se encuentra aislado, y muchos anticipan que su entrega a las autoridades norteamericanas es inminente.
Este conflicto no es solo un asunto de corrupción y narcotráfico; es un problema geopolítico de primer orden.
Medios internacionales como The Guardian han señalado que la tensión entre Estados Unidos y México no ha alcanzado estos niveles desde la década de los ochenta, recordando la crisis desatada por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
La administración de la actual presidenta se encuentra en una encrucijada, enfrentando la presión internacional y el repudio de un sector de la sociedad mexicana que está harto de la corrupción, como se evidenció en los recientes reclamos en el aeropuerto de Chihuahua a familiares de López Obrador.
La negativa a reconocer la gravedad de la situación y los continuos desafíos retóricos hacia Estados Unidos en las conferencias matutinas solo agudizan la crisis, evidenciando a un gobierno que parece no comprender que el juego ha cambiado.
La rebelión en la Sedena y el pacto con Washington marcan el fin de una era de impunidad y el comienzo de una purga profunda en el sistema político y militar de México, un proceso doloroso pero necesario para restaurar la legalidad y la confianza en las instituciones.
