Un debate sobre la agricultura terminó convirtiéndose en un duro enfrentamiento político, cuando la ministra Martha Carvajalino rechazó de frente las críticas contra la política agraria del Gobierno.
Detrás de las cifras sobre crecimiento, reducción de la pobreza y apertura de nuevos mercados, queda una pregunta que no tiene una respuesta sencilla: ¿el campo colombiano está realmente renaciendo o sigue atrapado en viejas tensiones entre tierra, producción e intereses económicos?
En un escenario político colombiano cada vez más dividido por las reformas sociales, la política agropecuaria del Gobierno se ha convertido en uno de los frentes más sensibles.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien representa una línea enfocada en la redistribución de tierras y el respaldo a la economía campesina, tuvo que responder a señalamientos según los cuales el campo estaría abandonado, la producción estaría en riesgo y las zonas rurales no estarían recibiendo una protección suficiente.
Sin embargo, lejos de esquivar el debate, la funcionaria eligió responder con una serie de cifras que el Gobierno presenta como prueba de que el panorama agropecuario colombiano no es tan sombrío como lo describen sus opositores.
Según Carvajalino, 1,44 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, entre ellas más de medio millón en zonas rurales.
También señaló que la pobreza monetaria rural cayó 3,4 puntos porcentuales.
No se trata de números menores en un país donde la tierra, la desigualdad y la violencia rural han marcado la historia durante generaciones.
El punto más controvertido está en la manera en que el Gobierno conecta la distribución de tierras con la productividad agropecuaria.
Los críticos sostienen que el Ejecutivo se ha concentrado en entregar tierra sin garantizar todas las condiciones necesarias para convertirla en una verdadera fuente de producción.
Esa preocupación no es menor, porque en la práctica la tierra, sin crédito, asistencia técnica, infraestructura, mercado y protección frente al riesgo, puede terminar siendo un activo difícil de aprovechar.
Pero Carvajalino plantea una lectura distinta.
Para ella, la distribución de tierras no es una política simbólica, sino la base para redistribuir un activo fundamental y mejorar las condiciones de vida y producción de los campesinos.
En otras palabras, el Gobierno busca convertir el acceso a la tierra en el punto de partida de un nuevo modelo de desarrollo, en lugar de mantener una estructura concentrada de propiedad que ha profundizado durante décadas las desigualdades del campo colombiano.
Para reforzar su argumento, la ministra destacó el peso creciente de la agricultura dentro de la economía nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas, el sector agropecuario representa cerca del 11 por ciento del PIB y Colombia alcanzó una producción de 41 millones de toneladas, un nivel considerado récord.
Lo llamativo es que el crecimiento no estaría dependiendo únicamente de productos tradicionales como el café, históricamente asociado con la identidad económica del país, sino también de cultivos como el aguacate, los cítricos y otros frutales.
El Gobierno sostiene, además, que los sistemas agroalimentarios basados en la economía campesina, familiar y comunitaria están ganando protagonismo.
Desde esta óptica, la agricultura no aparece solo como un sector que requiere asistencia, sino como un motor de desarrollo, una columna de seguridad alimentaria y una pieza clave en la diversificación económica.
Sin embargo, detrás de esa imagen de crecimiento persisten zonas sensibles.
La apertura de 56 nuevos mercados de exportación mediante la política sanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario es presentada como una señal positiva, especialmente para productos cárnicos, porcinos y avícolas.
Pero abrir mercados también obliga a preguntarse quién está en condiciones de competir.
¿Los pequeños productores pueden cumplir con las exigencias sanitarias y logísticas de la exportación? ¿Los beneficios llegarán a las comunidades campesinas y familiares o terminarán concentrados en empresas con mayor capital, tecnología y conexiones comerciales? La opinión pública tiene razones para plantear estas dudas, porque en muchas economías rurales el crecimiento estadístico no siempre se traduce en mejoras reales para quienes producen en menor escala.
La crisis del sector lechero es, precisamente, el punto donde esas contradicciones se vuelven más visibles.
Carvajalino reconoció que esta actividad enfrenta presiones de varios frentes, entre ellos los Tratados de Libre Comercio firmados entre 2005 y 2012, las variaciones de los precios internacionales, la revaluación del peso y los efectos del cambio climático.
En el caso de la leche, el problema no se limita al precio de compra, sino a toda la estructura de distribución de beneficios entre ganaderos, industria, importadores y consumidores.
La ministra pidió a Fedegán y a la industria sentarse en el Consejo Nacional Lácteo para actualizar la fórmula de precios, de modo que la calidad, incluidos sólidos y grasas, tenga un peso real y no se dependa únicamente de los costos de producción o del precio internacional.
Es una propuesta técnica, pero cargada de tensión política y económica.
¿Quién gana si cambia la fórmula? ¿Quién asume el costo? ¿Y cuánta voz real tienen los pequeños productores en una mesa que suele estar dominada por actores con mayor poder?
Otro punto que ha encendido el debate es la importación de leche en polvo entera a bajo costo.
El Gobierno expresó preocupación por el impacto que estas compras externas pueden tener sobre la producción nacional, especialmente cuando los movimientos cambiarios hacen que los productos importados resulten más competitivos.
La coordinación con el Ministerio de Comercio para buscar medidas de protección muestra que el Ejecutivo entiende que el libre mercado no siempre opera en condiciones justas para los productores pequeños.
No obstante, cualquier medida de defensa comercial debe enfrentar un delicado equilibrio.
Si se protege demasiado, los precios pueden subir y el consumidor podría resultar afectado.
Si se protege poco, los ganaderos nacionales podrían quedar expuestos a una competencia difícil de sostener.
Ese es el dilema de política pública que ninguna consigna política puede resolver por sí sola.
En materia de sostenibilidad, Carvajalino defendió el apoyo estatal del 40 por ciento en costos de bioinsumos para pequeños y medianos productores.
El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes químicos tradicionales, impulsar la transición biológica y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
En teoría, se trata de una dirección coherente con las tendencias globales, sobre todo después de que los precios de los fertilizantes fueron golpeados por conflictos internacionales y rupturas en las cadenas de suministro.
Pero esta política también plantea desafíos concretos.
Los bioinsumos requieren controles estrictos de calidad, los agricultores necesitan capacitación para usarlos correctamente y el mercado debe garantizar que producir de manera más sostenible no se convierta en una carga adicional para los eslabones más débiles de la cadena.
La política de crédito agropecuario es otro eje que la ministra puso sobre la mesa.
El Gobierno busca que los recursos financieros no sigan concentrándose en grandes empresas, sino que lleguen a pequeños campesinos mediante préstamos con tasas subsidiadas.
Es un cambio significativo, porque la falta de capital ha sido históricamente una de las principales barreras para la agricultura familiar.
Sin embargo, el crédito barato solo funciona si viene acompañado de canales de comercialización, seguros frente al riesgo, asistencia técnica e infraestructura logística.
De lo contrario, incluso un préstamo con intereses bajos puede convertirse en una nueva carga para el productor si una cosecha fracasa o si los precios del mercado caen.
El impacto del cambio climático vuelve aún más compleja la situación.
Fenómenos como El Niño y otros eventos extremos han golpeado directamente los cultivos, la productividad y los costos de producción.
El Gobierno anunció un presupuesto de 110.000 millones de pesos para apoyar fertilizantes y recuperación productiva, además de programas de compra centralizada de insumos para reducir los efectos de conflictos internacionales, incluidos los de Medio Oriente.
También se han impulsado líneas especiales de crédito para mitigar daños causados por desastres naturales.
Pero si el clima continúa volviéndose más extremo, las ayudas de corto plazo difícilmente bastarán para proteger a un sector que ya soporta presiones simultáneas.
El tema ambiental abre otro frente de discusión.
El Gobierno afirma que no promueve la ganadería en zonas de importancia ecológica y que avanza en sistemas de trazabilidad para mejorar el manejo de datos y evitar fraudes.
Es una ruta necesaria en un mundo que exige cada vez más transparencia en las cadenas de suministro.
Pero también puede chocar con intereses de productores tradicionales, especialmente en regiones donde la ganadería está profundamente ligada a la subsistencia local.
Cuando ambiente, producción y bienestar social se cruzan en una misma política, lo más difícil no es decidir quién tiene la razón, sino construir una transición lo suficientemente justa para que nadie quede abandonado.
La respuesta de Martha Carvajalino, por tanto, no fue solo una réplica dentro de un debate político.
Fue el reflejo de una disputa más profunda sobre la manera en que Colombia quiere definir el futuro de su campo.
Un sector ve en la política actual una oportunidad para corregir desigualdades históricas.
Otro advierte que, si la reforma carece de capacidad de gestión, evaluación rigurosa y diálogo real con los sectores productivos, la agricultura podría entrar en una nueva fase de incertidumbre.
Las cifras sobre reducción de pobreza, crecimiento del PIB, producción récord y apertura de mercados son relevantes, pero no alcanzan por sí solas para cerrar la discusión.
Al final, la gran pregunta sigue estando en la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana de los campesinos.
Si la tierra se entrega, pero no genera ingresos estables; si el crédito se amplía, pero el riesgo sigue cayendo sobre los más vulnerables; si las exportaciones crecen, pero los beneficios no llegan al mundo rural, el éxito será solo una parte de la historia.
Carvajalino lanzó una defensa contundente, pero serán los campesinos colombianos quienes terminarán respondiendo la pregunta central: ¿estamos ante el inicio de una transformación real o frente a otro debate político construido sobre cifras que todavía no cuentan toda la verdad?
